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Monterrey.- Organizaciones civiles de Nuevo León advirtieron contra el intento de las fracciones legislativas del PRI y el PAN, presuntamente con el apoyo de otros grupos minoritarios del Congreso local, a fin de realizar una reforma constitucional que daría a dichos institutos políticos el poder de designar a los titulares de cinco organismos públicos que hoy dependen del Ejecutivo, y tienen un presupuesto superior a los 18 mil millones de pesos. Esto implicaría quitar facultades y presupuesto al próximo gobernador que será electo en 2021.
Los activistas señalaron que los legisladores locales intentarán cambiar este martes 14 de julio la Constitución Política del Estado , para quitar al Ejecutivo estatal el nombramiento de funcionarios que ejercen 18 mil millones de pesos al año.
Ellos son los directores del organismo descentralizado Servicios Agua y Drenaje, Metrorrey, la Red Estatal de Autopistas, el Sistema Metropolitano para el Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) y el Instituto de Movilidad.
La situación actual, donde las elecciones están mayormente capturadas por la compra y coacción del voto por parte de grupos de poder que secuestraron a los partidos políticos mayoritarios, PRI y PAN, hacen que la consecuencia lógica sea que al controlar estos partidos el Congreso, tal vez aliados con otros más pequeños, también controlen para sus recomendados, advirtieron los dirigentes de asociaciones civiles.
Señalaron que atrás de los legisladores que hoy controlan las bancadas del PRI y el PAN en el Congreso local, y que han “amenazado” con sacar adelante la mencionada reforma constitucional este martes, están el exgobernador Rodrigo Medina y el alcalde panista de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado Almaguer, respectivamente.
Preciaron que la citada reforma data del 26 de diciembre de 2018, cuando se aprobó en primera vuelta, y hoy es revivida ante el peligro de que los grupos de poder mencionados pierdan la gubernatura en la elección de 2021, “por eso es que le añadieron cosas tan inverosímiles como que el Congreso nombrará a esos directores y que durarán en su encargo 8 años, que podrán prorrogarse por ocho años más, y sólo le darán cuentas al Congreso”.
Asimismo se pretende que sean inamovibles en su puesto, salvo por causa grave, que será determinada por el Congreso, siendo algo que no se ha visto en México. Expusieron que además de mantener bajo el control de personas afines un presupuesto anual de 18 mil millones de pesos, los mencionados partidos por ahora mayoritarios en la entidad, pretenden crear más burocracia al inventar dos entes que regularán el tema de Desarrollo Metropolitano.
Citaron los inconformes que el 28 de marzo de 2019, el Congreso local recibió una respuesta del gobierno de Estado, donde hace un “extenso y minucioso rechazo” a la reforma aprobada en primera vuelta, con base en tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte, la Constitución federal y local, así como diversas leyes nacionales, por tratarse de una reforma incongruente, ilegal e inconstitucional.
Por lo anterior, emplazaron a los legisladores locales para, en caso de que sea puesta a su consideración la reforma mencionada, la rechacen por unanimidad, pues en caso de que la aprueben, los diversos colectivos harán lo necesario para que nunca entre en vigor y sean castigados los legisladores que voten a favor o se abstengan en rechazarla, así como sus partidos políticos y los “omisos” funcionarios del gobierno estatal que guardan un silencio cómplice.
Al parecer, señalaron los titulares del Ejecutivo estatal y la Secretaría General de Gobierno, guardan silencio ante esta nueva intentona por quitar facultades el gobernador en turno, para no molestar al Congreso que en unos días estará en posibilidades de destituir al mandatario estatal Jaime Rodríguez y al Secretario General de Gobierno, Manuel González por el asunto del desvío de recursos para la gestión de firmas a favor de la candidatura presidencial independiente de “El Bronco” en 2018.
afcl
