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Un total de 18 denuncias penales por presuntos desvíos de recursos públicos son las que enfrenta el exgobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares y sus colaboradores , quienes ejercieron el poder durante el bienio del 2017-2018.
Las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), detectaron un presunto daño patrimonial de casi mil 400 millones de pesos, por lo cual el organismo autónomo procedió penalmente.
Se trata de 17 denuncias por irregularidades en el ejercicio fiscal del 2017 donde se encontró un presunto desvío de recursos por 328 millones de pesos y una del 2018 por mil 44 millones de supuesto daño patrimonial al erario público.
De acuerdo con documentos oficiales, las querellas fueron presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del estado y en la Fiscalía Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
En el contenido de las investigaciones, se establece que, por ejemplo, se pagaron montos al margen de la ley por supervisión de obras, se rebasaron porcentajes permitidos en la contratación de obras y se adjudicaron contratos en desapego a la normatividad.
Los auditores detectaron que en los Servicios de Salud de Veracruz, los funcionarios yunistas cometieron un presunto desvío de recursos por 71 millones de pesos al adjudicar tres contratos en desapego a la normatividad.
Además rebasaron el porcentaje permitido en el monto de la contratación de la supervisión de obras en el Centro de Alta Especialidad Dr Rafael Lucio por 940 mil pesos; así como en el Hospital Regional Luis G. Nachón por un millón; y en el Hospital del Niño Veracruzano por casi ocho millones y medio de pesos, que en conjunto representan un presunto daño patrimonial de diez millones.
Del ejercicio fiscal del 2018, el Orfis presentó una denuncia por un presunto daño patrimonial de más de mil millones de pesos, al haber detectado anomalías en la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia.
Se descubrió que no fueron instaladas las más de 6 mil 476 cámaras de seguridad por las cuales se pagaron más de mil millones de pesos. De las más de 6 mil cámaras que deberían haberse instalado en diversas ciudades del estado, sólo opera el 28 por ciento, es decir mil 695 cámaras y con deficiencias.
Cabe recordar que el exgobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa y sus principales funcionarios, enfrentan por su parte un total de 60 denuncias penales del fuero común por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reportaron un presunto daño patrimonial por más de 30 mil millones de pesos, es decir una cuarta parte del presupuesto anual de la entidad.
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