Cancún.- Colectivos de Quintana Roo denunciaron que la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG), decretada en cinco de sus 11 municipios, tres en 2017 y dos más por extensión posterior, es “una simulación evidente”, pues prevalece una percepción de “permisividad”, normalización de la violencia y un “estado ausente”, “cómplice y corrupto”.
“La simulación es evidente; el uso de los recursos enfocados en la capacitación, ha sido prácticamente en vano, no hay empatía ni sensibilización del personal de los hospitales, institutos municipales de las mujeres, sistemas para el desarrollo integral de las familias, corporaciones de seguridad pública, fiscalía y juzgados; no hay conocimiento de lo que implican los estereotipos y roles de género y de las consecuencias de los mismos.
“Es más, son los mismos funcionarios y servidores públicos quienes los replican; hay una normalización de la violencia a cualquier nivel; la alerta se ve como un obstáculo más que como una herramienta para detectar debilidades y amenazas y convertirlas en fortalezas y oportunidades; existe una falta de legitimación de las instituciones, una falta de credibilidad en su eficacia y una nula preocupación del estado por esa circunstancia”, expresaron.
A propósito del Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres , conmemorado ayer, las organizaciones “Marea Verde Quintana Roo”, Derechos Autonomías y Sexualidades (DAS), Aquelarre, la Red Posi+iva; “Siempre Unidas”, “Mujeres en Lucha” y Gobernanza MX, coincidieron en que, hasta ahora, pese a que hay esfuerzos y algunas acciones para incidir en la seguridad, prevención y justicia para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, “no se ven reflejadas en la realidad”.
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“Esto hace pensar que existe un mensaje de permisividad de los agentes del estado, lo cual es de suma preocupación, pues significa que no existe el compromiso real de enfrentar esta problemática a más de dos años de decretada la Alerta”, indicaron, al reprochar que los más de 1.7 millones de pesos otorgados al estado, en 2018, para las estrategias de recuperación de espacios públicos y prevención de la violencia de género (…) “fueron totalmente desperdiciados”.
Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL
Quintana Roo aparece entre las 17 entidades que reportan el mayor crecimiento de feminicidios, con un 83.3 de incremento, a la par del aumento de ataques sexuales, secuestros y desapariciones de niñas y mujeres que registra el estado, informaron.
Hasta 2017, la entidad había mantenido tasas menores a 5 por ciento en defunciones por asesinato en agravio de mujeres por cada 100 mil habitantes en la entidad. En ese año alcanzó una tasa de 5.9 por ciento y en 2018 se elevó a 11.3.
Entre los estados con las tasas más altas de asesinatos en agravio de mujeres y niñas figuran Colima, California, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Quintana Roo, Baja California Sur, Morelos, Michoacán de Ocampo, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit y Oaxaca.
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“En Quintana Roo, cifras oficiales revelan que, desde 2016, más de mil mujeres han sido violadas en todo el estado, en promedio 1 mujer por día, entre ellas mujeres locales con residencia en la entidad, pero algunas otras, turistas y extranjeras”, señalaron.
Mediante una carta abierta, dirigida a autoridades locales y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzaron más de 70 cuestionamientos al gobierno estatal y a los ayuntamientos de Cancún, Solidaridad, Cozumel, Tulum y Othón P. Blanco, sobre las acciones emprendidas, los avances, mecanismos de medición de resultados y rendición de cuentas, sobre la AVG.
Foto: Adriana Varillas / EL UNIVERSAL
Demandaron que se apliquen las medidas específicas de seguridad, prevención y justicia, señaladas en dicho mecanismo; que todos los delitos cometidos contra mujeres y niñas en el estado, sean investigados con la debida diligencia, iniciando una investigación sin dilación, seria, imparcial y efectiva, enfocada a la determinación de la verdad, el deslinde de responsabilidades y a la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de las personas responsables.
Exigieron que, en todos los asesinatos de mujeres cometidos en el estado, se inicie la carpeta de investigación por el delito de Feminicidio, para dar cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, que en caso de que éste no se acredite, se apliquen las reglas del homicidio, como lo mandata el artículo 89 Bis, penúltimo párrafo, del Código Penal del estado de Quintana Roo.
Asimismo solicitaron la destitución inmediata de Guadalupe Reyes Pinzón, actual fiscal de Delitos Sexuales y de Trata de Personas, quien enfrenta acusaciones de familiares de víctimas por presuntamente entorpecer procesos judiciales, y por el probable encubrimiento a un ex policía acusado de tortura en agravio de la periodista, Lydia Cacho Ribeiro, en 2005.
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También se pidió la destitución Valeria Burgos Maldonado, directora general del Instituto de las Mujeres del Solidaridad, por incumplir –desde que tomó posesión del cargo- con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento del Instituto, que señala que debe contar con licenciatura para ocupar el cargo.
Incluyeron en sus demandas que quienes investiguen, cuenten con las competencias, habilidades y capacidades necesarias para realizar su labor con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género a fin de evitar un sesgo en la investigación generado por estereotipos y discriminación de género, lo mismo que quienes estén a cargo de la procuración y administración de justicia.
Además, se exigió la reubicación de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género en Chetumal, al edificio central de la Fiscalía General del estado, para proporcionar una atención inmediata, diligente, digna y adecuada a las víctimas y que el acudir a interponer una denuncia no implique en sí, un riesgo.
afcl