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La vocera del despacho Molrod, Silber y Asociados, Zayli Eritme Villegas Cruz, aseguró que ellos han quedado en medio de un “pleito político” entre el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, y el magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, en el presunto fraude con el que Infonavit se adjudicó alrededor de 60 mil propiedades de derechohabientes en al menos ocho estados del país.
El bufete jurídico contratado por Infonavit está señalado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como integrante de la presunta red de corrupción que orquestó el fraude con los créditos y por ello se encuentra preso el abogado de la firma, Saulo Javier Pardo Sánchez.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Villegas Cruz indicó que debido al conflicto político, el abogado se encuentra detenido sin que se le haya permitido enfrentar el proceso en libertad como a los otros implicados, por lo que consideró que se trata de un “preso político”.
“El gobernador Antonio Echevarría le vende al presidente Andrés Manuel López Obrador que existe un megafraude; hablan de 60 mil despojados y no existe ni siquiera un solo despojado. Hablaban de un despojado de nombre Arturo Martínez Sequera que jamás fue despojado y se presentó ante la fiscalía al darse cuenta de que su nombre fue usado en esta persecución política mezquina en contra del exmagistrado Pedro Enríquez Soto —suspendido de forma temporal por el Poder Judicial— y nos dejan en medio”.
La otra rivalidad. Villegas Cruz abundó que también hay una rivalidad entre el fiscal de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce —que también es notario— y el notario 3 de San Blas, Antonio Humberto Herrera López, contratado por el despacho legal para escriturar todas las casas que recupere.
“El fiscal es notario, esto se da por una rivalidad contra otro notario, el que nosotros habíamos contratado para llevar la escrituración, y a nosotros como despacho nos deja en medio de todos los pleitos y todo el poder que se están peleando estos personajes, cuando el exmagistrado lo único que hacía era cumplir con su trabajo”, acusó.
Hasta diciembre pasado, la fiscalía del estado logró acreditar que el despacho Molrod, Silber y Asociados cobró 8 millones 704 mil 772 pesos por ganar 2 mil 949 juicios de recuperación de vivienda que se desahogaron en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas.
Sin embargo, en un informe recién enviado por Infonavit a las autoridades nayaritas, se indica que hasta ahora este despacho ha “recuperado” casi 12 mil viviendas a través de los juicios llevados en esa entidad.
Molrod, Silber y Asociados tiene cuatro contratos con Infonavit para el cobro de cartera vencida, saneamiento de fincas recuperadas y representación en los juicios durante los procesos de remate de éstas; por ellos podría cobrar hasta 613 millones mil 768 pesos, conforme a los avances que presente en cada uno de ellos.
La vocera del bufete jurídico consideró que “si hay tantos afectados como dice la fiscalía, habría miles de demandas por esta situación en todo el país”.
Al respecto, durante las audiencias de vinculación a proceso que se han llevado hasta el momento, la fiscalía reveló que cuando alguna persona peleaba la resolución en su contra emitida en Nayarit, el despacho jurídico hacía contacto para ofrecer una alternativa y convencerla de desistirse.
A finales de enero pasado, la Fiscalía de Nayarit arrestó por este caso a dos empleados del Poder Judicial adscritos a los juzgados de Xalisco y Compostela, y a un abogado del despacho Molrod, Silber y Asociados. Los tres fueron vinculados a proceso, pero a los empleados judiciales se les permitió enfrentar el juicio en libertad, mientras que al abogado se le impuso prisión preventiva.
Además de ellos, los magistrados Pedro Antonio Enríquez Soto y Jorge Ramón Marmolejo Coronado, así como los jueces Braulio Meza Ahumada, Mario Alberto Cervera López, Justino Rodríguez Barajas y Baldomero Zamora Rodríguez enfrentan un juicio de desafuero en el Congreso del estado.