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Monterrey.— Para denunciar presuntas prácticas de extorsión por parte de líderes del crimen organizado, decenas de internos de los penales de Topo Chico y Apodaca protestaron en techos y patios de sus respectivos centros penitenciarios, sin que pasara a mayores.
En respuesta, el gobernador Jaime Rodríguez ofreció que los presos serían escuchados y se analizaría una solución a sus planteamientos.
Los internos denunciaron que dichos cabecillas criminales “son responsables de la muerte de familiares”, pues, de acuerdo con fuentes de la policía, los presos hacían referencia al hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una bolsa, en las inmediaciones del Cereso.
La protesta concluyó media hora después, e incluso se realizó la visita alrededor de las 3:00 de la tarde.
En el penal de Apodaca, alrededor del mediodía se presentó una situación similar, donde los reos acusaron que supuestos líderes del Cártel del Noreste les cobran cuotas de extorsión y exigieron su traslado a otro penal.
Los inconformes mostraron mantas y gritaron sus exigencias sin que se presentara ningún incidente. Hasta ese lugar se trasladó el director de la Agencia de Administración Penitenciaria, general Arturo González García, quien dialogó con los internos, según informó el gobierno del estado.
Mal antecedente. Los penales de Nuevo León han sido foco constante de riñas y amotinamientos que han dejado decenas de muertos en los últimos años. El reclusorio de Topo Chico tiene el registro de la peor masacre penitenciaria ocurrida en el país: en febrero de 2016 —a cinco meses de iniciado el gobierno de Jaime Rodríguez—, 49 internos fueron asesinados en una presunta disputa por el control del reclusorio entre dos facciones de Los Zetas.
Anteriormente, en 2012 el trágico récord lo tenía la cárcel de Apodaca, donde fueron asesinados 44 reos relacionados con el Cártel del Golfo y al mismo tiempo se dio la fuga de 37 presos vinculados a Los Zetas.
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