Estados

Acusan al gobierno de infiltrar militares para detener caravana

Activista denuncia haber sido amenazado de muerte por ayudar al avance de migrantes

Luis Rey García asegura que la CNDH se ha negado a emitir medidas cautelares a su favor. Foto: Especial
25/01/2024 |03:18
María Peters
Corresponsal en ChiapasVer perfil

Tapachula.— El gobierno de México infiltró a militares de Centro y Sudamérica para detener y desmantelar a los integrantes y coordinadores de la caravana de migrantes, denunció el activista y defensor de los derechos humanos Luis Rey García Villagrán, quien fue privado de su libertad por un presunto grupo de policías federales que lo amenazaron de muerte para evitar que los indocumentados avancen a la frontera de la Unión Americana.

García Villagrán acusó de forma directa al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y al presidente Andrés Manuel López Obrador de emprender acciones represivas para frenar la caravana del Éxodo de la Pobreza, al autorizar la infiltración de militares extranjeros para robar, asaltar y provocar desmanes con el fin de manchar la imagen de los integrantes de este movimiento.

El coordinador del Centro de Dignificación Humana también acusó a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca de “tenderles una trampa” al ofrecerles autobuses para trasladar a la población migrante más vulnerable a la ciudad de Tierra Blanca, Veracruz, pero la llevaron a la garita migratoria de Acayucan y a otro grupo lo abandonaron en el parque de Palomares, en territorio oaxaqueño.

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Indicó que a tres coordinadores de la caravana —Rosa Vázquez, Abrahán García y Jonathán N— el Instituto Nacional de Migración (INM) les emitió una alerta migratoria, tratándolos como criminales o terroristas. Mientras que a él, añadió, lo han privado de su libertad policías vestidos de civiles y con armas largas, quienes lo persiguen y amenazan con desaparecerlo si continúa acompañando a la caravana migrante.

García Villagrán también denunció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no le recibe las llamadas y se ha negado a emitir medidas cautelares a su favor a pesar de las evidencias que ha enviado sobre las amenazas en su contra.

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