Monterrey.— El exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, sumó otra acusación en su contra, esta vez por el delito de abuso de autoridad, de acuerdo con el resumen de una carpeta de investigación a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL.
Rodríguez Calderón fue detenido el martes por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León, acusado de uso indebido de recursos públicos para la captación de firmas que en 2018 le permitieron obtener la candidatura presidencial por la vía independiente para las elecciones federales de ese año.
Preso en el penal de Apodaca 2, El Bronco fue acusado por abuso de autoridad junto con otras cuatro personas que formaron parte de su gobierno entre 2015 y 2021, según la síntesis de la carpeta 05/2020-UI3FECC.
El hecho ocurrió en octubre de 2016, cuando El Bronco aseguró o requisó los bienes de la empresa Servicio de Transporte Tecno Ecológico como medida de seguridad con relación a una concesión que dicha compañía había obtenido en noviembre de 2012.
El documento añade que las acciones del entonces gobernador de Nuevo León violaron el artículo 102 de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del estado, “al inobservar la naturaleza temporal de dicha medida de seguridad y al no comunicar las acciones correctivas con las que debería cumplir dicho concesionario a fin de que la medida de seguridad impuesta fuera levantada”.
El texto añade que la decisión del gobernador y de su equipo fue un “acto autoritario”, porque los bienes de la compañía fue-ron afectados.
Los otros acusados mencionados en el documento son: Roberto Russildi Montellano, que fue secretario de Desarrollo Sustentable; Jorge Longoria Treviño, director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público, y Manuel Benjamín González, director de Ecovía.
En este contexto, ayer mismo la titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Movilidad y Planeación, Guadalupe Hernández González, presentó ante el fiscal especializado en combate a la corrupción una denuncia formal de hechos en contra de María Eugenia Rodríguez Monreal, exdirectora de la Secretaría de Infraestructura, y Eduardo Pulido Quintana, excoordinador de la Dirección de Bienestar Ciudadano, por delitos en contra del patrimonio del estado, ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio indebido de funciones.
La denuncia establece que Pulido Quintana “dejó de presentarse” a laborar pero siguió cobrando sueldo, aguinaldo y otras prestaciones”, “con su conducta causó un daño al patrimonio del Estado y obtuvo un beneficio económico (…) al recibir una retribución como empleado del Gobierno de Nuevo León por un monto de $1,973,524.00”.
Jaime Rodríguez Calderón enfrentaba este miércoles su primera audiencia, la cual inició a las 16:00 horas; tenía lugar vía remota y a puerta cerrada, a petición de su defensa.
Hasta las 22:00 horas, esta audiencia, en la que se debería decidir si permanece en prisión o se le otorga libertad, seguía.