La gobernadora electa, Martha Érika Alonso informó que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que, a través de una medida cautelar, se garantice el debido proceso legal y se dé acceso efectivo a la justicia en la resolución definitiva de la elección de Puebla.
En una conferencia, Érika Alonso señaló que el proyecto de nulidad propuesto por el magistrado José Luis Vargas Valdez , viola el principio de carga de la prueba, ya que no existen elementos para afirmar que la cadena de custodia haya sido rota.
Calificó de “absurdo” el proyecto ya que el propio magistrado reconoce que no hay variaciones entre el primer computo y el recuento que el mismo encabezó.
Sobre las acciones del magistrado Vargas, la gobernadora electa señaló fueron violados los artículos 131 y 136 del Reglamento del TEPJF , que indican que los magistrados están impedidos para emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento e informar a las partes el sentido de un proyecto antes de que este se resuelva.
Mencionó que el proyecto de Vargas Valdez obedece a la iniciativa presentada por Morena de reducir de 9 a 3 años el cargo del magistrado.
“La ley no puede quedar secuestrada por el interés de agradar al poder entrante”
, dijo.
Se dijo convencida de que los magistrados del TEPJF actuaran con estricto apego a la ley y resolverán con justicia el caso.
afcl