Monterrey.- El gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú , coordinadora de la Unidad Administrativa “Amar a Nuevo León”, han sido cuestionados por “ocultar” durante nueve días el fallecimiento de un menor de 14 años de edad , que permanecía bajo la tutela permanente del DIF estatal en el albergue Fabriles, de esta ciudad.
Después de que el domingo por la tarde, un grupo de activistas realizaran una protesta frente al citado albergue y condenaran la forma en que Samuel García y su esposa han evitado hablar sobre el fallecimiento del adolescente Ángel Manuel Moreno , tanto el gobierno estatal como la Fiscalía General de Justicia del Estado emitieron por separado comunicados de prensa para informar sobre el deceso que se registró el pasado 9 de febrero.
En respuesta a cuestionamientos que se le hicieron al gobernador y a Mariana Rodríguez en redes sociales, por supuestamente ocultar el fallecimiento de un menor en el DIF, a diferencia del gran despliegue que hicieron sobre un infante que sacaron del centro Capullos durante un fin de semana, la administración estatal hizo una primera alusión a la muerte de Ángel Manuel, el pasado 18 de febrero -nueve días después del deceso-, a través de la cuenta de Twitter “Oficina de Comunicación Nuevo León”, creada apenas durante el presente mes.
“Sobre la información que circula en redes sociales, es necesario precisar que a las 01:54 horas del día nueve de febrero, en las instalaciones del Centro Fabriles de la ciudad de Monterrey, falleció un menor de 14 años, tras presentar diversos malestares estomacales”, expuso el gobierno estatal, y afirmó que pese a los esfuerzos del personal médico de guardia, el menor murió por “un choque séptico de abdomen agudo”.
Y el domingo por la noche, posterior a la protesta ciudadana, el gobierno estatal expresó mediante un comunicado que Mario Ángel “falleció por causas naturales secundario a un padecimiento agudo, la madrugada del 9 de febrero de 2022” y que “el joven tenía diversas condiciones clínicas tales como: trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas de estrés post traumático, trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual y crisis epilépticas”, que le eran atendidas por un equipo multidisciplinario.
El gobierno estatal expuso que el menor se encontraba bajo tratamiento médico controlado y que debido a su condición clínica, aunado a los medicamentos utilizados, el paciente presentó riesgo de alteración del umbral del dolor y durante la noche del 8 febrero se exacerbaron los síntomas, por lo que se solicitó una valoración urgente a la EMME (emergencias Médicas).
“Los paramédicos al revisarlo, detectaron múltiples episodios de vómito, acompañado de síntomas gastrointestinales y fiebre, encontrándose el paciente consciente. Durante su valoración, el paciente presenta datos de descompensación hemodinámica, con posterior alteración del estado de alerta y deterioro clínico, evidenciándose estado de choque, presentando paro cardio respiratorio, que requirió maniobras de reanimación avanzada, las cuales se dan sin respuesta, con posterior deceso del paciente”.
Y se asentó en el comunicado que “tras el dictamen de muerte natural, se solicitó la presencia de un médico externo a nuestra institución para su valoración, que en todo momento estuvo acompañado por personal médico del DIF”.
El comunicado señala que tanto el servicio médico de emergencias como el médico externo dieron fe de que el menor falleció de muerte natural, sin presentar ningún signo de violencia.
“Cuando un menor fallece en cualquier instalación del DIF, se informa a familiares y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El menor en cuestión no tiene familiares adultos, por lo que se dio aviso a su tutor legal, quien es el Director de Atención Integral al Menor y la Familia, así como a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
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Se detalló que la cremación del cuerpo del menor se realizó dentro del término que establece la Ley General de Salud, que señala que estas deben realizarse dentro de las 48 horas posteriores a la muerte.
“La Fiscalía General de Justicia del Estado inició su investigación de oficio sobre este deceso, y en todo momento se ha coadyuvado con todas las entrevistas y solicitudes de información”, señaló el gobierno estatal.
En relación a la muerte del adolescente fallecido en el Albergue Fabriles, la Fiscalía Estatal señaló que el 11 de febrero inició una investigación de oficio, al conocer de este hecho a través de un informe policial homologado, generado por la Agencia Estatal de Investigaciones, al tiempo que procedió al acopio de datos, diligencias y entrevistas a su alcance, “para esclarecer las circunstancias por las que perdió la vida”, el adolescente Ángel Manuel.
Este lunes, el asunto llegó hasta el Palacio Nacional por parte de activistas que acudieron a protestar en el exterior del inmueble, sede del Poder Ejecutivo federal, quienes mostraron una manta con el logotipo del estado que modificó Samuel García, donde expusieron “El nuevo Nuevo León es ingobernable”, y pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Portando una camiseta con la leyenda “AMLO Nuevo León te necesita”, Argelia Montes expresó que hace unos días hubo una revuelta de los adolescentes internados en el DIF Capullos (“y habría que preguntarse por qué la hicieron” añadió); pero el caso, dijo Montes, es que Mariana Rodríguez advirtió que eso iba a tener consecuencias, y como castigo mandó a los inconformes al DIF Fabriles, un refugio para migrantes y adultos en situación de calle, siendo que se trata de niños que por haber sufrido maltrato o abandono, requieren protección.
Elizabeth de la Luz Barrón Cano comentó a su vez que el menor “desde los cuatro años llegó al DIF Capullos, y lo asesinaron, eso fue lo que sucedió, la esposa del gobernador, dijo que el niño era adicto, ¿cómo, si siempre vivió en el DIF o ahí se los daban? (los estupefacientes). Agregó que junto con otros menores Ángel Manuel participó en una protesta, quejándose de que los empleados de Capullos los maltrataban.
A su vez, Argelia Montes señaló que los problemas en la institución se han presentado porque el nuevo director DIF, Miguel Ángel Sánchez Rivera, “ni siquiera tiene experiencia es un abogado que trabajaba en las empresas de Samuel García, por eso lo puso de director”.
Montes insistió en que las autoridades del DIF y Mariana Rodríguez, al mandar a los niños del DIF Capullos al albergue Centro Fabriles, para adultos, violentaron todos sus derechos. “Imagínense convivir con adultos y migrantes, ahí lo golpearon, los vecinos dicen que el niño gritaba pidiendo auxilio, los guardias para que se callara lo empezaron a anestesiar, cuando se quedó en silencio, a los pocos minutos llegó la morgue, (Semefo) y lo sacó muerto, lo mandaron cremar, lo quemaron, para borrar toda huella (de los golpes) y aún más grave es que ninguna institución se ha pronunciado, a ver qué pasó, ni el gobernador, ni la señora Mariana, ni la Fiscalía”, expresó Argelia Montes, una activista que apoyó inicialmente a Jaime Rodríguez para llegar a la gubernatura y después lo confrontó.
Elizabeth de la Luz Barrón aseveró que “hay testimonios de los trabajadores del DIF, que dicen, fue un enfermero el que lo mató a patadas (al menor Ángel Manuel), y que todavía lo inyectaron para que acabara de morirse; lo envolvieron en una sábana y lo dejaron en un rincón para que nadie se diera cuenta hasta que llegara el otro turno, luego lo sacaron para cremarlo inmediatamente sin hacerle la autopsia”.
Argelia Montes recalcó que el gobernador y su esposa también violentaron los derechos de los niños que mostraban en sus redes sociales, o al infante que llevaron a su casa, porque el DIF es una institución para resguardar. “La señora Mariana toma el DIF como si fuera su casa de juego, van la mamá y la hermana, ella llega hasta los cuneros, ahí no debe entrar cualquier gente, muestran los rostros, los lugares donde viven los niños y no hay nadie que les ponga un alto”, expresó.
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