Horas después de que este jueves el Instituto Nacional Electoral ( INE ) acreditara más gastos realizados por el candidato de la Coalición por un Coahuila Seguro, Miguel Riquelme , el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) restó erogaciones y ordenó nueva revisión de erogaciones por 707 mil pesos .
En sesión realizada por la tarde el INE resolvió procedimientos oficiosos sobre gastos en representantes de casilla , lo que incrementó el gasto de la campaña de Riquelme en 501 mil pesos , lo que aumentó a 10.5 % del tope de gastos .
Pero en sesión posterior el TEPJF restó 1 millón 43 mil pesos a los gastos de esa campaña desglosados en: 993 mil por propaganda en Facebook, 46 mil 440 pesos que el INE consideró aportación indebida, por el descuento de un proveedor y 3 mil 750 pesos porque no es gasto de campaña la comida ofrecida a Riquelme en sus recorridos.
Con esa rebaja el exceso de gasto es de 979 mil 797 pesos, es decir 5.09 % del tope. Pero el TEPJF ordenó al INE tres acciones que perfilan más reducción del monto: prorratear 278 mil 399 pesos entre todos los aspirantes beneficiados por propaganda, sean de Coalición o de los partidos integrantes pero postulados en lo individual, caso en el que el PRI aseguró que son 30 pero el INE sólo había dividido entre dos.
Los magistrados ordenaron al INE seguir la fiscalización y dar a esa Coalición derecho de audiencia y resolver sobre gastos en edición de videos por 139 mil 200 pesos y en producción de spots de televisión por 290 mil pesos. La suma por ambos conceptos es de 429 mil 200 pesos.
Así la Coalición que postuló a Riquelme podría quedar sin gastos de campaña en exceso, pues además el TEPJF desestimó otra queja del PAN sobre gastos de ese abanderado.
En la sesión la magistrada Janine Madeline Otálora, magistrada presidenta del TEPJF, aseguró que no se le dio la razón en todo al PRI.
Detalló que con la resolución se avanzó hacia la calificación de la elección pero hay pendientes.
En el debate el magistrado José Luis Vargas criticó la actuación del INE durante la fiscalización e hizo un “llamado enérgico a quien en el INE incumplió con esta obligación” de notificarle
debidamente.
“Las diversas omisiones sancionadas no llegan a haber puesto en peligro” la fiscalización pero se trasgredieron las reglas de debido proceso.