Tijuana.— La primera ocasión que se presentaron en el Registro Civil de Tijuana, la oficial dijo a Meritxell y Nancy que no podía casarlas, las leyes no se lo permitían y la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ese año (en 2011), aún no llegaba al estado.
Se trataba de un exhorto desde el máximo tribunal en México que ordenaba a los estados erradicar las prácticas que discriminaban a los grupos por su origen étnico, nacionalidad, edad, condición social, religión o preferencias sexuales, y ordenaba garantizar los derechos a cada ciudadano sin excepción.
Con esa definición, Meritxell y Nancy intentaron los últimos 10 años casarse en Tijuana, sin que algún ayuntamiento les permitiera hacerlo, hasta ayer, que la oficial 01 del municipio, Magaly Ronquillo Palacios, aceptó.
“Queríamos hacer evidente que se estaban violando los derechos humanos y que la única justificación para no casar a las parejas era ilegal, porque la voluntad política era lo único que faltaba y ahora no”, celebró Meritxell.
Hubo incluso un alcalde y otros funcionarios que se ofrecieron a pagarles un amparo para que pudieran celebrar su boda, pero ambas se negaron. Querían hacerlo sin abogados de por medio, por convicción y como protesta, para fijar su postura ante una ley local que discrimina y obliga a pagar entre 5 mil y 20 mil pesos a las parejas del mismo sexo para contraer nupcias.
Pero ellas no sólo podrán casarse, la pareja pidió como reparación del daño simbólica que las casen en un evento público, para el siguiente año, y así enviar un mensaje positivo sobre la inclusión.
“Antes no tenían la disposición de enfrentarse a ejercer y defender los derechos de los grupos que consideran que son una minoría”, dijo Nancy, al explicar que a las autoridades les faltó voluntad para cambiar su política, ya que prefirieron poner al Código Civil de Baja California por encima de la Constitución mexicana, a pesar de que la local vulnera los derechos al discriminar a las personas.
En 2019 el ayuntamiento de Tijuana ha celebrado 64 matrimonios entre parejas del mismo sexo, 60% fueron mujeres. La oficial del Registro Civil, Magaly Ronquillo, dijo que en todas las ocasiones tuvieron que pedir un amparo o interponer una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para realizarlos.
El 18 de diciembre la CEDH envió un exhorto a los cinco municipios en el que se pidió respetar las garantías de todos los ciudadanos sin excluir ni discriminar. Tras esta invitación fue el que gobierno municipal cambió su política y decidió aceptar la celebración de bodas entre personas del mismo sexo, sin necesidad de algún recurso legal.