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Culiacán, Sin. A 5 de abril /Una niña de cinco años de edad, hija de jornaleros agrícolas del municipio de Guasave, fue ingresada a la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social por lesiones, presuntamente derivadas de un posible abuso sexual,
Este hecho, se sumó al hallazgo hace quince días, del hallazgo del cuerpo sepultado en forma clandestina en el bordo de un canal de la sindicatura de Juan José Ríos, en Guasave, de una niña de cuatro años, hija de una pareja de asalariados del campo de origen Tamarhumaras.
Se conoce que una trabajadora social del campo agrícola “San José”, ubicado por la calle trescientos del municipio de Guasave, detectó que una pequeña de cinco años, presentaba lesiones, presuntamente por un abuso sexual, por lo que traslado a la menor a la clínica del Seguro Social para su valoración médica.
Las autoridades médicas reportaron los hechos a las líneas de emergencia, por lo que la Fiscalía General del Estado envió a peritos médicos y agentes de investigación a recopilar datos, testimonios y dictámenes de los médicos que atendieron a la hija de jornaleros agrícolas que viven en forma temporal en Guasave.
Ninguna autoridad ha dado a conocer la identidad de los padres de la menor, solo se conoce que estos laboran en el surco.
No es el primer caso de agresiones contra menores en esa localidad
En este municipio, las autoridades han documentado que, del mes de diciembre a marzo pasado, se han presentado diversos hechos relacionados con familias de trabajadores del campo, sobre todo los que provienen de la sierra de Chihuahua.
Solo el mes pasado, la Secretaría de Salud del Estado documento el fallecimiento de cuatro menores de tres años de edad, en la sindicatura de Juan José Ríos, cuyos síntomas comunes fueron desnutrición y problemas pulmonares que se agravaron.
También, el pasado 21 de marzo, vecinos de esa misma sindicatura descubrieron que en una especie de montículo que se formó en la orilla de un canal, sobresalía las manos de una pequeña sepultada en forma clandestina de solo cuatro años de edad.
Sobre este hecho, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez Estrada reveló que se había retenido a una mujer joven indígena, presuntamente madre de la menor, a la que le practicaron estudios de ADN para validad su parentesco.
