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Zacatecas.- Desde hace cuatro meses , Rocío García busca desesperadamente a su nieto Edwin Zaid , de un año y medio de edad. Culpa directamente a las autoridades del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio de Jalpa de entregarlo en resguardo una familia ajena y no a sus familiares directos, por ello, tras una serie de trámites reactivaron la Alerta Amber para que se haga una búsqueda intensiva, ya que teme por la integridad del pequeño.
Acompañada de las integrantes de los colectivos feministas , a quienes la abuela pidió apoyo y asesoría jurídica, se dio a conocer este caso públicamente, tras argumentar que se trata de una familia en situaciones vulnerables y presumen que sea “un trámite ilegal” de adopción o un caso de trata.
De acuerdo a los relatos de los colectivos feministas, que encabeza la activista Mara Muñoz , el 19 de marzo de este año Edwin se encontraba bajo el resguardo de su abuela materna en una comunidad del municipio de Jerez, pero la madre solicitó llevarse al menor a Jalpa, en donde ella vive.
El 2 de mayo una persona le dijo a la madre de Edwin que se lo “prestara” y se refiere que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de ella para ganarse su confianza, pero a los pocos días ya no se le permitió ver a su hijo y sólo le decían que el niño estaba bien.
De acuerdo a los relatos de la abuela, el 31 de mayo tras no tener noticias de su nieto, se traslada a Jalpa para indagar sobre el paradero de Edwin y ante las presiones, dicha persona les informó que había entregado al pequeño a la delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes en dicho municipio.
Por lo anterior, Rocío acudió al DIF municipal donde le confirmaron que el niño estaba en esa institución, pero asegura que no le quisieron dar información del expediente y recurrió ante el Ministerio Público, donde le sugirieron dar al infante en adopción, pero ella se negó.
Ante esta situación, la abuela y la madre de Edwin fueron a buscar a Germán Lizalde , delegado de la Procuraduría de Protección a Niñas y Niños , quien les prometió hablarles y fue cuando les dijo que “el niño estaba siendo tratado bien por una pareja a quien se lo había entregado temporalmente mientras aparecía algún familiar”, según el relato de la denunciante.
Pero al no recibir jamás una llamada de las autoridades, la abuela recurrió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos , donde menciona que dejaron sólo registro de su visita pero que no levantaron queja, así como en el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas, de donde la mandaron a la instancia estatal de la Procuraduría Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, pero insiste que en ningún lado tuvo una respuesta.
Por su parte, la activista Mara Muñoz considera que se han perdido cuatro meses valiosos en la búsqueda de Edwin y señaló que todos los recorridos que Rocío ha realizado a diversas instancias se tratan de una violencia institucional, porque en ninguna parte le han dado respuesta y a la fecha el menor de edad se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Refiere que la Procuraduría debió ponerlo bajo resguardo y antes de ponerlo como depositario de una familia ajena, en primera instancia debe buscar de inmediato a otros familiares, empezando por los abuelos y abuelas, para hacer los estudios necesarios y proceder a la reintegración del niño o niña con algún familiar. Recordó que, “sólo en caso de que los familiares más cercanos no sean aptos para cuidar al menor, la Procuraduría Estatal debe abrir un proceso de adopción”.
La activista mencionó que la Alerta Amber se activó el 3 de julio, luego que Rocío García interpuso una denuncia por la desaparición de su nieto ante la Fiscalía General de Justicia, pero comenta que las personas que tienen a Edwin se ampararon contra dicha alerta, por lo que una jueza de distrito decretó su suspensión de manera provisional.
Sin embargo, el 31 de julio, la jueza resolvió y dio la negativa a la suspensión de la Alerta Amber, pero fue hasta el pasado 7 de septiembre, a petición de la abuela, que nuevamente fue reactivada.
Por tanto, los colectivos feministas han pedido que se haga una máxima difusión de la alerta, porque se trata de una investigación que sigue en curso y el menor sigue sin ser localizado, por tanto, exigen a la autoridad la inmediata localización y resguardo del menor en lo que se reintegra con su familia.
afcl
