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Monterrey.— Un juez de Control resolvió no vincular a proceso al ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015), por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado.
El juez estimó que la Fiscalía Anticorrupción del gobierno estatal no precisó los ilícitos que le imputaba y le impidió una adecuada defensa con relación a las acusaciones de otorgar apoyos indebidos a la armadora coreana Kia Motors, por 3 mil 128 millones de pesos.
La resolución fue en acatamiento a un amparo que concedió a Medina el juzgado Quinto de Distrito, confirmado por un tribunal colegiado del Cuarto Circuito Judicial.
Al salir de la diligencia, que duró una hora, el ex gobernador expuso que el fallo demostró que durante su gestión no cometió delito alguno. En tanto, el mandatario estatal, Jaime Rodríguez, anunció que se apelará la resolución, pues todavía hay esquemas legales que seguir, pero garantizó que no harán uso de la política contra quien haya hecho mal uso de los recursos públicos.
Por su parte, el fiscal anticorrupción del estado, Ernesto Canales quien presentó las acusaciones contra Medina y otros 27 ex funcionarios por el caso Kia Motors, dijo que estará en manos de la nueva Fiscalía General de Justicia del Estado buscar nuevamente la imputación, “corrigiendo ciertas partes del proceso” pues, en su opinión, el juez no dijo que Medina era inocente.
En agosto de 2016, Medina fue acusado de otorgar estímulos indebidos por 3 mil 128 millones de pesos a la armadora coreana Kia Motors. El 26 de enero de 2017 fue encarcelado, pero sólo 19 horas, porque una juez de Distrito ordenó su libertad inmediata, al señalar que se violó un amparo que impedía la prisión preventiva como medida cautelar.
El 1 de marzo de este año, Medina fue exonerado del delito de ejercicio indebido de funciones por un juez de Control, quien consideró que la fiscalía anticorrupción no dio a conocer en forma exacta, en modo, tiempo y lugar, cuál era la conducta delictiva que le estaba imputando.
Actualmente Medina sólo tiene pendiente un proceso por peculado por el uso de un helicóptero del gobierno estatal para fines personales, aunque obtuvo un amparo que está actualmente en revisión, en el que argumentó que fue para proteger a su familia en los traslados ante los problemas de inseguridad.
