Querétaro.— En la inauguración del edificio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, el gobernador Francisco Domínguez Servién advirtió que “quien lesiona a la sociedad queretana, por medio del delito, recibe todo el peso de la ley”.
Prueba de ello es que en 2018 se obtuvieron 2 mil 667 años de prisión para 14 personas imputadas del delito de secuestro, una de ellas alcanzó una pena de 624 años, datos que acreditan una fiscalía que sí investiga los hechos delictivos de mayor impacto, especificó.
Además, el gobernador señaló que la fiscalía colabora con los diferentes órdenes de gobierno, encuentra a los responsables y los somete ante la autoridad judicial.
La Unidad Especializada en Combate al Secuestro es un espacio operado por la Fiscalía General del Estado, en la que donde se invirtieron 23.7 millones de pesos, junto con una sala de juicios orales.
El mandatario emanado del Partido Acción Nacional (PAN) expuso que estos proyectos se lograron con la combinación de recursos del estado y la Federación, y se refuerza el objetivo de generar certeza jurídica y de seguridad para las familias queretanas.
“Querétaro confirma sus condiciones de certeza para el desarrollo integral de las familias, con una fiscalía que funciona, evoluciona, coordina y da resultados. La Fiscalía General trabaja mediante planeación, estructura y coordinación”, indicó.
Asimismo, mencionó, realiza una labor exhaustiva de investigación asistida por tecnología, análisis interdisciplinario y ciencia, respalda sus resultados, mismos que se potenciarán con un espacio moderno.
Para la construcción del edificio se aplicaron 16.2 millones de recursos estatales y 3.4 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en mobiliario y equipamiento.
“Este espacio alojará un centro de operación con servidores públicos entrenados, tanto para combatir el secuestro, como para brindar atención integral a víctimas y familiares”, agregó.
Además, puso en operación la sala de juicio acusatorio oral, que ayudará a la capitación de mil 400 servidores públicos y al menos 350 estudiantes, y que tuvo una inversión de 4.1 millones de pesos de recursos FASP.
La seguridad y la justicia son políticas de estado que trascienden ciclos de gobierno e integran acciones como la mejora de la infraestructura, en materia de prevención y combate a la delincuencia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de 2016 a la fecha se logró una efectividad en el esclarecimiento de 84.67%, además de que en todos los casos se priorizó la vida de la víctima y 92.72% de éstas fueron rescatadas con vida.