estados@eluniversal.com.mx
El Juzgado Séptimo de Distrito, radicado en Quintana Roo, concedió un amparo a uno de los más de 700 afectados por el decomiso de cajas de seguridad a la empresa First National Security (FNS) en Cancún y ordenó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), regresar los bienes siempre y cuando no sean ilícitos.
A partir de este amparo —con número 1879/2017—, los ciudadanos que siguen a la espera de recuperar sus bienes y valores, resguardados en las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), confían en que el juez Villa Arnaiz se pronuncie en el mismo sentido respecto a los 380 amparos que están bajo su análisis y que reclaman los mismos actos, aseguró David Uribe, quien fungió como vocero de las personas afectadas.
“Efectivamente, este amparo sólo surte efectos para la persona que lo presentó. Sin embargo, dado que el juez ve los casos de otros 380 amparos que reclaman lo mismo de la autoridad, esperamos que el juez se pronuncie de la misma manera, pues existe esa posibilidad legal.
“En los argumentos que expone el juez es claro que la SEIDO cometió un abuso y actuó violando los derechos de las personas afectadas, abusos que prevalecen, porque desde el 6 de diciembre que sacaron las cajas de la bóveda de First National Security y se las llevaron a la PGR, no hicieron nada más”, subrayó el vocero de los afectados.
Reconoce abusos. La resolución fue emitida y firmada por el juez Séptimo de Distrito, Darío Alejandro Villa Arnaiz, el 8 de enero pasado e indica que se concede el amparo contra los actos que reclama el agente del Ministerio Público de la Federación, Édgar Giovanni Rivero Díaz, titular de la Agencia Vigésimo Tercera Investigadora, de la Unidad de Investigación y Litigación.
“Deje insubsistente el aseguramiento de la(s) caja(s) de seguridad número [se omite por protección de datos personales] otorgada(s) en arrendamiento por First National Security de México (…) que deriva de la carpeta de investigación, y su ejecución”, ordena la resolución consultada por EL UNIVERSAL.
También le dicta que, previa realización de un inventario, “ordene la devolución a la parte quejosa de las pertenencias resguardadas en la(s) caja(s) de seguridad que defiende en este juicio, siempre y cuando los bienes ahí depositados no sean por su propia naturaleza ilícitos”.
El juez de Distrito concluyó que “es evidente que el aseguramiento y apertura de la caja de seguridad de la parte quejosa, no la ordenó el juez de Control que obsequió la orden de cateo relacionada, sino constituye una técnica de investigación.
“Ello porque la autoridad ministerial no informó al juez de Control que el inmueble respecto del cual solicitó la autorización de la práctica de la técnica de investigación se trataba de un establecimiento abierto al público en general en el que operaba una negociación mercantil que arrendaba casas de seguridad, según la propia acta de cateo”, se lee.
Sin embargo, el 27 de octubre, el funcionario federal se presentó en FNS para abrir las cajas y anunciar que su contenido sería llevado a la Ciudad de México para que los propietarios tramitaran citas a fin de recoger sus bienes, lo cual creó una ola de inconformidades y quejas.
Por su parte, la PGR indicó que revisa la resolución judicial en la que se le ordena devolver a los usuarios amparados el contenido de las cajas aseguradas a la empresa FNS, al detectar que eran usadas por el crimen organizado.
