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Chihuahua.— Ante el asesinato de cinco abogados en los últimos cuatro meses, los litigantes de esta frontera buscan modificar la ley para que se les permita la portación de armas y reconocen que algunos de ellos ya andan armados.
El vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas en Ciudad Juárez (AAPCJ), José Antonio Navarro Castañeda, señaló que el gremio se encuentra en alerta roja luego de que desde junio pasado comenzaron las agresiones directas por parte de grupos delictivos, situación que hasta el momento ha dejado a cinco abogados sin vida y solamente un presunto responsable detenido por uno de los casos.
El vicepresidente de la AAPCJ informó que se está trabajando en generar una iniciativa de ley para modificar las limitantes legales, a fin de que los profesionistas de alto riesgo puedan portar armas de fuego como un mecanismo de defensa, dentro de los márgenes de la legalidad, ya que, por ahora, los abogados que han decidido andar armados lo hacen conscientes de que es una acción ilegal.
“No tentemos más opción que ver por nosotros mismos, aunque estemos cayendo en la ilegalidad”, afirmó Navarro Castañeda, quien aseguró además que los litigantes se capacitaron para la portación de armas, aunado a que todos han reforzado las medidas de seguridad en despachos, vehículos y hasta viviendas particulares.
Hasta el momento, la fiscalía no ha considerado la alerta roja ni la protección al gremio; sin embargo, los integrantes de la AAPCJ exigieron seguridad y vigilancia por parte del estado, al menos para los litigantes que trabajan en múltiples casos penales.
Según Navarro Castañeda, en los cinco casos hay relación de los homicidios con el trabajo como abogados de los hoy occisos.
El litigante hizo un llamado urgente a las autoridades para brindarles protección y seguridad, a fin de salir de la ilegalidad al portar armas, pero también del riesgo en el que se encuentran: “Es obligación del estado brindarnos seguridad”, afirmó Navarro Castañeda.Se buscó ayer la postura del fiscal general de la entidad, César Augusto Peniche Espejel, sin que respondiera a este medio.
Los casos. El primer asesinato de un abogado se registró el pasado 20 de junio, cuando perdió la vida Rogelio Martínez —litigante y esposo de una jueza estatal—, asesinado en el interior de su domicilio.
El 2 de julio desapareció el penalista Ernesto Ortega Martínez, cuyo cuerpo fue localizado días después en un cementerio clandestino relacionado con el grupo delictivo Los Mexicles.
El 3 de julio fue ultimado en circunstancias similares el abogado Luis Alejandro Puentes. El 12 de septiembre se registró el homicidio de Mario Azael Zamora, y el pasado 3 de octubre fue ejecutado Marco Iván Gloria. En este último, según la fiscalía zona norte, el litigante fue citado en un centro comercial por sujetos desconocidos, quienes lo acribillaron en el estacionamiento.
