Abogada Susana Prieto es investigada en otros estados: Fiscal de Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Aunado a los delitos que se le imputan en Tamaulipas, la abogada Susana "P" cuenta con investigaciones en otros estados, anunció en conferencia de prensa el fiscal General de Justicia en el estado, Irving Barrios Mojica, luego de darse a conocer la vinculación a proceso de la litigante y su traslado al Centro de Ejecuciones y Sanciones en Ciudad Victoria.

El Fiscal expresó que uno de los elementos importantes para que el Ministerio Público haya solicitado la prisión preventiva justificada, es que la abogada no cuenta con datos de arraigo en Tamaulipas y que cuenta con investigaciones en otras entidades federativas, así como un domicilio en el extranjero, hechos que son necesarios para que no se evada del país.

"Tenemos documentado que hay investigaciones fuera del estado de Tamaulipas, sin embargo, atendiendo al sigilo de las mismas y de las autoridades que las llevan a cabo, no corresponde a nosotros brindar esa información, lo que sí puedo decir es que nosotros en Tamaulipas, tenemos al menos tres carpetas iniciadas en hechos pasados donde los denunciantes eran empresas manufactureras por el delito de amenazas y privación de la libertad".

El fiscal destacó que en Tamaulipas, una autoridad judicial determinó que Susana "P" siguiera su proceso en el Cedes por los delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares.

Mexican labor lawyer Susana Prieto taken into custody pending trial on riot charges

"El presente asunto tuvo su origen en la denuncia de hechos presentada por la Junta Especial número seis de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, en la que en síntesis refieren, que el pasado 10 de marzo en las instalaciones de la junta mencionada, se desarrollaron acciones tendientes a que alrededor de 400 personas, con el pretexto de ejercer su derecho de asociación y manifestación tumultuariamente, perturbaron el orden público con el empleo de la violencia y amenazas de causar daño a las instalaciones así como a los empleados y personal que se encontraba en el inmueble con el fin de intimidar y obligarlos a ejercer funciones sin la competencia y los requisitos legales correspondientes".

En concreto dijo, pretendían que la Junta, sin estar facultada para ello y aún más de manera inmediata sin atender los tiempos señalados por la ley, manejara solicitudes colectivas de cambios de sindicato y cuotas sindicales.

"Del desarrollo de las investigaciones destacan actas circunstanciadas de los hechos, declaraciones de diversos testigos entre personal y usuarios de la junta, así como dictámenes médicos que acreditan el empleo de la violencia física y dictámenes psicológicos que establecen el empleo de la violencia moral y videograbaciones entre otros, permitieron que el Agente del Ministerio Público solicitará a la autoridad judicial la orden de aprehensión, misma que fue girada por los delitos de amenazas, motín, coacción de particulares, delitos cometidos contra servidores públicos, la cual fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación el pasado 8 de junio en estricto apego a las garantías individuales, procedimientos y protocolos de ejecución".

Comentó que aunque la autoridad que libró la orden de aprehensión tiene su adscripción en Matamoros y la imputada fue trasladada a Ciudad Victoria en atención a las obligaciones y establecidos lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales para promover las acciones necesarias para garantizar la seguridad de jueces, agentes del ministerio público, policías, así como de la misma imputada, es que se realizó el traslado, toda vez que personas comenzaron a manifestarse de manera intimidatoria con amenazas provocando daños incluso a un vehículo institucional.

"El órgano judicial calificó de legal la detención y determinó vincular a proceso por los delitos mencionados con un plazo de 45 días de investigación complementaria y otorgando prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso. La defensa, no hizo ampliación del término constitucional para presentar pruebas y de descargo para la referida vinculación".

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