Más Información
San Cristóbal de las Casas.- A un año de la desaparición forzada de diez comerciantes guatemaltecos, que ocurrió entre los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec, los familiares dieron a conocer que ya tienen respuesta de las autoridades mexicanas sobre las acciones que ha emprendido el Ministerio Público, que consisten en un expediente de 40 folios en físico y un disco compacto, pero hasta ahora, no han podido acceder a la información, por problemas de “incompatibilidad” en “el medio de entrega”.
El 16 de noviembre, los diez guatemaltecos originarios de Cuyotenango, del departamento de Suchitepéquez, en la costa de Guatemala, desaparecieron cuando se trasladaron de Frontera Comalapa a Siltepec, donde venderían servicios de internet y animales de corral. Los guatemaltecos habían pernoctado en una casa de huéspedes de la cabecera municipal de Frontera Comalapa. Desde ese punto, avisan a sus familiares que se desplazan hacia la Sierra por la mañana del 16 de noviembre.
Los diez guatemaltecos desaparecidos son: Leonardo Morales Álvarez, Juan Francisco Morga de León, Amilcar Isaac Enríquez Villatoro, Jorge Luis de León, Dan Josué Rosales Tzunún, Juan Carlos Calle de León, Mayco Josué Morga Enríquez, Julio César Vásquez Pérez, Juan Francisco Tupul García y el menor de edad, Luis Alberto Vázquez Sarat
Por el caso de Luis Alberto, el gobierno de Guatemala emitió la Alerta Alba-Keneth.
Miguel Lorenzo Ramos había ingresado a México en repetidas ocasiones para ofrecer servicios de telefonía móvil. “Es asesor de ventas de telefonía móvil y suele entregar producto en varias áreas de Chiapas”, han informado sus familiares.
A las 08:26 horas, Miguel avisó a sus familiares que salía de la posada hacía la Sierra Madre, pero a partir de ahí, ya no hubo contacto con él.
Durante este año, las familias de los desaparecidos han pedido al Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, que pida al Estado mexicano, el cumplimiento de medidas urgentes y “una investigación penal exhaustiva y diligente”, para poder encontrar con vida a los diez desaparecidos. “También el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances de ambos puntos”.
A un año de la desaparición, las familias aseguraron que el 6 de noviembre, el Ministerio Público les envío un expediente de 40 folios y un disco compacto, que son los resultados de la presunta investigación que emprendió. “Sin embargo, no hemos logrado acceder a ella, ya que el medio de entrega es incompatible con nuestras condiciones socioeconómicas y habilidades tecnológicas, además no hemos recibido una explicación detallada del contenido por parte de las autoridades de México”.
A un año de la desaparición forzada de los diez guatemaltecos, las familias piden a las autoridades mexicanas que brinden información de los resultados de la búsqueda en vida de los desaparecidos. “Que incluya un plan de acción y cronograma, además detallar las medidas adoptadas para identificar a los eventuales perpetradores de la desaparición forzada de nuestros seres queridos”, piden.
Que les hagan entrega de un informe sobre la federalización o no del caso, por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Garantizar nuestro reconocimiento de la calidad de víctimas a nuestros seres queridos y a cada una de nosotras como familiares, por parte de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de Chiapas”.
Y para estar al tanto de las investigaciones, las familiares piden documentos para poder ingresar constantemente a territorio mexicano. “Facilitar el otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) que permita presentarnos ante las oficinas de la Fiscalía de Migrantes del Estado de Chiapas, para realizar todas las acciones legales necesarias para la obtención de información sobre el paradero de nuestros seres queridos”.
afcl/cr
