Cancún.- A tres años de que elementos de Seguridad Pública de Cancún abrieran fuego en contra de ciudadanía que protestaba contra el feminicidio de Bianca Alejandrina, "Alexis", las víctimas de aquel 9 de noviembre mantienen la exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, ante la impunidad en la que subsiste el caso.
"Estamos aquí celebrando que, hace tres años, no nos mataron", expresó Wendy Galarza, durante la jornada de acciones celebradas la tarde noche de hoy en Plaza de la Reforma, para recordar el tercer aniversario del ataque armado.
Galarza es una de las sobrevivientes de aquella noche, en la que se registró un caso emblemático de represión a la protesta, privación ilegal de la libertad, tortura sexual, intento de feminicidio, tratos crueles inhumanos y degradantes y violencia institucional, en la ciudad de Cancún, en agravio de varias personas, entre ellas, dos periodistas.
El Comité de Victimas 9N, del cual forma parte Galarza, informó este jueves que de los 80 policías que se lanzaron en contra de la gente portando toletes, golpeando con escudos y accionando armas de fuego para disipar aquella protesta, al pie del Palacio municipal, no hay uno solo en la cárcel.
Los 13 dictámenes de reparación integral de daños, emitidos por segunda ocasión por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado (Ceaveqroo), luego de una orden judicial, replicaron los vicios de los dictámenes originales y el dinero está detenido porque las personas agraviadas volvieron a ampararse.
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“Tenemos meses con los nuevos dictámenes de reparación por parte de Ceaveqroo, pero es un ‘copia y pega’ del dictamen anterior, solamente. No se tomaron en cuenta los planes de reparación que nosotros generamos.
“Con esta situación de los dictámenes, en los cuales no se está haciendo ni siquiera el pago de la compensación como lo manejan, porque como nos amparamos, no tenemos derecho a a poder acceder a esa situación o a ese monto, entonces por esa parte tampoco hay una reparación integral, ni compensación como lo establece la ley”, señaló Galarza.
El asunto motivó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDQROO) desde agosto, en contra de la directora, Landy Blanco, sin que a la fecha la activista tenga una respuesta en seguimiento al caso.
Ya en 2021 el organismo había revictimizado a las y los agraviados, al dar por cumplida –aunque de forma extemporánea– la recomendación que dirigió al ayuntamiento de Benito Juárez a finales de noviembre de 2020, sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas, lo que incide negativamente en el asunto.
El Congreso, que había creado el 11 de noviembre de 2020 una “Comisión Especial” para dar seguimiento al tema, nunca sesionó, lo que a juicio del Comité consistió en un acto de simulación de la XVI Legislatura.
En el ámbito judicial, tampoco pueden acceder a la reparación económica que ofrecieron los policías imputados, por la forma en que judicialmente se estableció el mecanismo de cobro.
Bajo al argumento de que los delitos imputados son menores, los 8 agentes imputados pudieron invocar un procedimiento abreviado y de justicia alternativa, ofreciendo pagar, cada uno, 50 mil pesos cada mes, durante un año.
La jueza de Control, Verónica Solís Lizama, lo aceptó –sin la objeción de la Fiscalía General ni de la Ceaveqroo– y les otorgó la suspensión condicional del proceso, lo que puso fin al caso en ese ámbito, evitando que se llegase a la etapa de juicio oral y sentando un grave precedente de impunidad, a decir del Comité 9N.
"En una audiencia se determinó que cada policía iba a dar mensualmente 4 mil pesos, entre las 9 víctimas y, aquí hay algo horrible, que es que ni siquiera podemos acceder a ese dinero depositado en un fondo de Mejoramiento, porque tendríamos que ir las 9 personas juntas, de la mano, a solicitar el depósito.
“No podemos acceder a esa reparación burda o simulada, porque al final tampoco la apelación que se metió se ha resuelto. O sea, si yo quiero ir a cobrar lo que me corresponde, no puedo si no se presentan las otras ocho víctimas”, indicó Galarza.
Acudir en conjunto es imposible, toda vez que algunas de las víctimas se vieron obligadas a desplazarse a otros lugares, hartos de las irregularidades que rodean el caso, ante el nulo apoyo de sus centros de trabajo y al sentir en riesgo su integridad, porque los policías imputados jamás pisaron la cárcel y se encuentran libres.
Uno de ellos es el periodista Roberto Becerril, cuya esposa –también desplazada–se enlazó hoy en video para ofrecer un testimonio en el marco de las actividades conmemorativas del 9N, que incluyeron la realización de una Asamblea denominada “¿Tu Vives o Sobrevives?”, una “pozoliza” y una concentración pacífica.
María Oronzor, otra de las sobrevivientes de los ataques de la noche del 9N, anunció que en coordinación con la organización Articulo 19 se desarrolla un corto-documental, como parte de una campaña sobre el Derecho a la Protesta, así como el proyecto de podcast, llamado “Sobre-Vivir”, cuyo objetivo es visibiliar los riesgos que corren las y los defensores de derechos humanos y las y los periodistas, creando además redes de apoyo.
Entre las conclusiones, Julián Ramírez, integrante del Comité 9N, afirmó que el Estado y sus instituciones no solo dejaron más vulnerables a las víctimas, sino que han hecho todo lo posible por obstaculizar su acceso a la verdad y la justicia.
Ante ello, las y los integrantes del Comité, sostienen que “su mayor venganza” es intentar sanar las secuelas emocionales, físicas y psicológicas que les dejó aquella noche y la revictimización posterior; seguir alzando la voz… y “ser felices”.
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