Carmen Vázquez, funcionaria de Tlajomulco que recibió las llamadas anónimas que condujeron a policías municipales y de la Fiscalía de Jalisco a una emboscada con explosivos la noche del pasado 11 de julio aseguró que las dos personas detenidas hasta ahora por estos hechos son chivos expiatorios y considera que la Fiscalía del estado no está haciendo bien su trabajo.
“Hubo dos detenidos, pero esos dos estaban en el lugar, a final de cuentas se les acusó por cohecho, creo que ya los van a soltar; de lo que los acusaron es de que quisieron sobornar a las personas de la autoridad, se asustaron y como es muy común aquí en Tlajomulco, ofrecieron dinero para que no se los llevaran y su delito fue ese, pero al parecer no tuvieron nada que ver con las explosiones”, dijo.
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Tres personas llamaron para denunciar fosa clandestina
A través de un video publicado en redes sociales este fin de semana, Carmen Vázquez, quien labora en la Coordinación General de Construcción de Comunidad de Tlajomulco, relató cómo la contactaron tres personas para reportar la localización de la supuesta fosa clandestina en una finca en construcción de la colonia Larios de Tlajomulco.
En el material, que dura una hora y 31 minutos, la funcionaria señaló que a pesar de que la Fiscalía le pidió no hacer pública esta información, decidió darla a conocer porque ya ha pasado mucho tiempo sin que las autoridades estatales localicen a quienes hicieron los reportes.
Dijo que desde el 10 de julio recibió una llamada de una mujer que le aseguró que su hijo estaba desaparecido y le habían dado la ubicación del lugar donde lo habían enterrado; ella canalizó la información a la Fiscalía del estado, que supuestamente envió personal a revisar el sitio, pero no se localizó nada.
Señaló que, al día siguiente, el día del atentado, le llamó la misma mujer para preguntarle si iría o no al lugar, después recibió la llamada de un hombre que presuntamente trabajó con un cártel y le dio la misma ubicación al confesarle que él había enterrado gente ahí; finalmente la contactó otra mujer que le informó que en el mismo predio su perro había desenterrado restos humanos y otros perros ya se los estaban comiendo.
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En las llamadas había cosas que no cuadraban
Carmen Vázquez se asume como periodista, desde 2006 comenzó a reportar a través de su perfil de Facebook los problemas con los servicios municipales en colonias como Santa Fe y fue ganando seguidores, 65 mil hasta ahora, por lo que los gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano decidieron integrarla en la nómina y hoy publica mayormente información sobre el trabajo del ayuntamiento.
En el video la funcionaria reconoce que en las llamadas había cosas que no cuadraban, pero ante la insistencia de quienes reportaron y el número de mensajes terminó confundida e insistió con las autoridades estatales y municipales para que fueran a revisar el lugar.
Dijo que ella no llegó al lugar del atentado porque su auto estaba fallando y se tardó en conseguir otro, pero aseguró que quienes cometieron el atentado querían que ella y los policías estuvieran en el lugar para hacerlos explotar: “a mí fue a la que citaron, no fue a las madres buscadoras, fue a Carmen Vázquez como periodista a la que citaron en el lugar, a mí es a la que querían en el lugar, a la que querían volar, a ningún buscador”.
Consideró que más que un asunto de delincuencia organizada, como lo ha dicho el gobernador Enrique Alfaro, se trata de un asunto político para ensuciar la administración del alcalde Salvador Zamora.
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Al mandatario estatal y al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, les exigió la protección que se le prometió cuando declaró y aportó toda la información ante el Ministerio Público, pues afirmó que por ahora solo cuenta con protección de la policía municipal.
Dos vinculados a proceso por emboscada
En tanto, Samuel M y Sergio Julián N, los únicos dos detenidos hasta ahora por los hechos, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, daño en las cosas y asociación delictuosa.
A ambos se les impuso prisión preventiva oficiosa de dos años por la gravedad de los hechos; sin embargo, sus familiares han denunciado que no tienen que ver con lo ocurrido e interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Según la denuncia de los familiares, ambos estaban recibiendo atención médica en la Cruz Verde, pues resultaron afectados por las explosiones, cuando agentes de la Fiscalía los arrestaron de forma arbitraria para después torturarlos y obligarlos a declararse culpables.
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