Hermosillo.— A casi 14 años del incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, que dejó 49 menores muertos y 106 personas lesionadas, entre ellos 24 niños, con quemaduras de segundo y tercer grados hasta en 80% de sus cuerpos, no hay una sola persona en prisión, a pesar de que quedó en firme la penalidad para 10 responsables de homicidio y lesiones culposas.
Gabriel Alvarado Serrano, abogado y representante legal del colectivo de víctimas Manos Unidas por Nuestros Niños —integrado por familias de menores que fallecieron o quedaron lesionados por el incendio—, dijo a EL UNIVERSAL que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido varios resolutivos, uno por cada caso de sentencia, en los cuales establece que las sentencias no pueden ser modificadas o revocadas.
“Después de casi 14 años, finalmente todas las personas que en un principio fueron sometidas a juicio penal por los delitos de homicidio y lesiones, es decir, por omisión, ya tienen sentencias definitivas que bajo ninguna circunstancia pueden ser modificadas o revocadas”, explicó el abogado.
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El 24 de junio de 2009, la extinta PGR —ahora Fiscalía General de la República (FGR)— atrajo la investigación del incendio en la guardería, que se encuentra bajo el expediente 126/2009.
El juez Primero de Distrito en Hermosillo emitió una resolución el 13 de mayo de 2016: dictó condenas de 20 años a 28 años y cinco meses de prisión a 19 de 22 personas procesadas.
Al ser recurrido por los familiares, el caso llegó a la SCJN, la cual ordenó a un tribunal unitario fijar nuevas sentencias para ser revisadas de nuevo por el máximo órgano de justicia.
Así, de las 22 personas procesadas inicialmente, sólo 10 recibieron sentencias condenatorias.
De los socios propietarios de la estancia infantil, dos recibieron penas mayores a cinco años de prisión: Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, y bajo ninguna circunstancia se podrán conmutar.
El tiempo que determinó la Corte es el lapso que deberán permanecer en reclusión, no hay ningún tipo o clase de sustitución como fianza, preliberación, remisión parcial ni ninguno de los instrumentos que contempla la ley penal para salir antes del tiempo de condena, precisó el abogado.
En igualdad de circunstancias están funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que era la responsable del manejo de la bodega donde se inició el incendio y que colindaba con la guardería.
Ellos son: Fausto Salazar Gómez, quien se desempeñaba como director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda; Jorge Luis Melchor Islas, encargado del control vehicular, y Arturo Torres Escalante, quien era el encargado de la bodega y es una persona adulta mayor.
El abogado expuso que “lamentablemente quedaron algunos elementos del cuerpo de bomberos cuya responsabilidad no tiene nada que ver con las labores de extinción y rescate el día del siniestro, sino por la firma que suscribieron para avalar las condiciones de seguridad en la Guardería ABC”.
Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado en Sonora, y Noemí López Sánchez, encargada general de Guarderías a nivel estatal, fueron sentenciados a penas por más de cinco años que deberán cumplir.
Exigen justicia
“Nosotros desde el principio de año hemos insistido ante las autoridades de la Fiscalía General de la República que se ejecuten esas órdenes de aprehensión en contra de los dueños de la guardería, pero ya estamos en mayo y todavía no tienen manera ni de cómo lo van a hacer”, recriminó el abogado Gabriel Alvarado Serrano.
Adelantó que asistirán a una audiencia, cuya fecha aún no se define, ante la FGR para abordar este tema y posteriormente decidirán si asisten a una de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarle el documento donde se le haga este planteamiento, por la empatía y sensibilidad que había mostrado en el pasado sobre el caso, y sobre todo en la promesa que les hizo el año pasado, de forma directa, en el sentido de que su gobierno haría justicia.
“Este es un excelente momento para que eso se haga realidad, entonces muy probablemente en los días subsecuentes allá se encuentre en la Ciudad de México un grupo de estas mamás para hacerle ver lo que se tiene que hacer para el caso.
“En este momento, en particular en el ámbito penal, están por ejecutarse las órdenes de aprehensión que, inclusive, una data de noviembre del año pasado. Al no hacerlo se propicia la impunidad, que es lo que está vigente”, explicó el representante legal de Manos Unidas por Nuestros Niños.
Alvarado reiteró que los acusados y sentenciados deben estar recluidos por una conducta impropia, indebida y reprochable en términos penales, pero están libres y se les da la oportunidad para que evadan la justicia y se conviertan en personas prófugas. “Les dan la oportunidad de irse. Muy probablemente ya ni siquiera se encuentran en esta ciudad”, advirtió.
“Aquí lo que sucede en un estado como el nuestro, en una ciudad en la que estamos a 300 kilómetros de la frontera, lo más factible es cruzar la línea y tratar de que las cosas se olviden”, agregó.
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