Este viernes se cumplen 30 años de las explosiones que acabaron con 8 kilómetros de calles en el sector Reforma de Guadalajara provocando la muerte de 212 personas según las cifras oficiales, 69 desaparecidos y mil 800 lesionados; sobreviven 69 personas que estuvieron en aquella tragedia, la mayoría de ellos se organizan a través de la asociación civil Abril en Guadalajara e insisten en que Pemex debe asumir su responsabilidad, por lo que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El exprocurador de la República, Ignacio Morales Lechuga, quien realizó las investigaciones por las explosiones, ha señalado que “se trató de una desafortunadísima negligencia de los encargados de Pemex de no estar vigilantes de la protección catódica del ducto y de una desafortunadísima intervención de los responsables de Protección Civil, que llegaron y ordenaron a los bomberos que vaciaran agua y el agua, como nos enseñaron en la escuela es H2O y lleva oxígeno y el oxígeno aumentó el peligro de explosividad en lugar de reducirlo”.
Según la versión oficial, al dañarse la protección catódica de uno de los ductos de Pemex se generó una fuga constante de combustible que se infiltró al subsuelo y a la red de drenaje de la ciudad.
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Cada año, durante tres décadas, los sobrevivientes han denunciado la falta de compromiso de las autoridades municipales y estatales para reparar el daño con atención médica adecuada y mayores aportaciones al Fideicomiso de Apoyo a los Lesionados (Fiass) ; desde entonces también han exigido que Pemex reconozca lo que ocurrió y asuma su responsabilidad.
Desde 2019 el gobierno de Jalisco aumentó en 500 mil pesos su aportación anual al Fiass, sin embargo, en opinión de Lilia Ruiz Chávez, presidenta de Abril en Guadalajara A.C., es una cantidad insuficiente para que que el fideicomiso no se extinga y los sobrevivientes reciban una pensión digna.
Como cada año, este viernes se recordará lo ocurrido aquel día con una misa y un acto público en el jardín del barrio de Analco; tras la conmemoración de este año los sobrevivientes iniciarán el proceso para que el caso llegue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Foto: Archivo EL UNIVERSAL
Por su parte, otro grupo de lesionados, apoyados por la Red Jalisciense de Derechos Humanos, ha pedido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco que instaure una Comisión de la Verdad sobre el caso, como lo propuso hace un año el titular de la defensoría estatal, Alfonso Hernández Barrón.
El presidente de la Red, Oscar González Gari, recordó que ha pasado un año sin que el ombudsperson del estado convoque a la integración de esta comisión que debe investigar los crímenes penales y ambientales que provocaron la tragedia.
Por su parte, el gobierno de Jalisco recordó este jueves que por petición de los afectados por las explosiones, el 18 de febrero de 2020 el gobernador del estado, Enrique Alfaro, entregó personalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle que inste a Pemex a reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos, sin embargo hasta ahora el gobierno federal no se ha pronunciado al respecto.
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