Autoridades locales de seguridad y eclesiásticas, así como habitantes de Coalcomán, Michoacán, reportan que, en las últimas horas, se ha incrementado exponencialmente el número de familias desplazadas de las rancherías de la región, donde se enfrentan a tiros diferentes grupos armados.
Expusieron que en esa zona serrana de la Tierra Caliente los habitantes se han quedado días enteros sin servicios de luz o telefonía e incluso sin agua.
Denunciaron que también se encuentran incomunicados por tierra, pues grupos armados han trozado los caminos y carreteras que conducen a ese municipio.
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Vecinos de la cabecera municipal de Coalcomán contaron que sus familiares que viven en las rancherías que quedaron en las zonas de enfrentamiento han tenido que abandonar sus hogares. Dijeron que, además de estar en fuego cruzado de forma permanente, han sido amenazados.
“Los armados ya corrieron a nuestros familiares de sus casas, de sus ranchos y ahora también se han apoderado de su ganado y de sus parcelas, así que ya no tienen nada”, contó un poblador que pidió el anonimato por motivos de seguridad.
Señaló que, incluso, un grupo armado se ha apoderado de la maquinaria con la que los campesinos labran sus tierras; entre ella, tractores que compraron a crédito y todavía deben.
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Consultadas al respecto, autoridades de seguridad calcularon que, en los últimos días, más de 600 familias han tenido que desplazarse a otros lugares por la violencia. Mencionaron que tuvieron que habilitar como refugio un pequeño auditorio de la cabecera municipal, a fin de albergar a las familias desplazadas.
Tan sólo en ese lugar, indicaron, hay más de 120 personas de rancherías en las que se suscitan los enfrentamientos armados, y los pobladores huyen únicamente con un poco de ropa.
Las autoridades temen que esta concentración de personas termine en una masacre o en un contagio masivo de Covid-19, pero de momento no hay otra alternativa para ayudarlos.
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Aseguraron que otro grupo de familias desplazadas se ha refugiado con familiares; otras más siguen en las calles, porque el gobierno de Michoacán le negó al ayuntamiento el permiso de ocupar algunos espacios para habilitarlos como albergues.
Enfatizaron que la situación cada vez es más crítica, porque además empiezan a escasear los alimentos, debido a la incomunicación por tierra.
En total, calculan que son cerca de 600 las familias (aproximadamente 3 mil personas) desplazadas que han buscado refugio en otros lugares.
Habitantes de municipios cercanos, como Tepalcatepec, Apatzingán y Chinicuila —que también son víctimas de violencia y están en la zona de conflicto— han hecho colectas para dar alimentos y ropa a los desplazados. En redes sociales han compartido imágenes de familias enteras dejando sus casas y caminando por las carreteras con maletas.
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“Nos robaron la paz”
Coalcomán es una población de poco más de 12 mil habitantes que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y al comercio, principalmente, recordó el párroco de ese lugar, Jorge Luis Martínez Chávez.
En una carta dirigida a la opinión pública el pasado lunes, el sacerdote había advertido: “Nos han robado la paz”.
Dijo que, hasta hace poco, el pueblo vivía en relativa tranquilidad y que la prosperidad se veía reflejada en todas partes.
Aseguró que el trabajo fluía y que todos los pobladores podían transitar con libertad.
“La guerra entre cárteles nos está llevando entre las patas; vivimos en una situación semejante a la de Aguililla; la gente vive en la incertidumbre por la violencia. [Sufrimos] quema de carros, bloqueos de carreteras, asesinatos por todas partes, exilios forzados, destrucción de la carretera hacia Michoacán, destrucción de las líneas telefónicas, poco acceso a internet y [estamos] rodeados por gente armada que defiende sus intereses”, describió.
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El sacerdote lamentó que los habitantes de Coalcomán parecen estar solos y sin que alguna autoridad los auxilie en las penurias por las que atraviesan.
Mencionó que le parece “increíble” que cuando los habitantes acudieron al cuartel militar establecido en esa zona, los militares les dijeron que necesitaban “órdenes superiores”.
“Sí hay un cuartel militar con cientos de soldados ‘que esperan órdenes’”, dijo. Agregó que la policía estatal tampoco interviene porque “es delito federal”.
“Pido a las autoridades que nos ayuden. ¡Auxilio! No queremos tener la suerte de Aguililla, aunque estamos al borde”, escribió el sacerdote.
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