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Cancún.- Eduardo Santamaría, quien fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún , fue denunciado penalmente por tortura sexual en agravio de una de las dos víctimas de ese delito durante la represión policial del 9 de noviembre de 2020 (9N), cuando una multitud ciudadana fue disuadida a balazos por elementos de la policía a su cargo.
Además, otra de las víctimas interpuso ayer una nueva denuncia por tortura y tratos crueles y degradantes, en contra de quienes resulten responsables no solo de los dos balazos que recibió aquella noche al intentar huir de los policías que salieron a reprimir a golpes y a balazos a quienes protestaban al pie del Palacio municipal, sino de los insultos y el abuso de fuerza.
Entrevistada por EL UNIVERSAL en la Fiscalía para la Atención del Delito de Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y Degradantes de Quintana Roo, la abogada Lizbeth Lugo informó que el pasado 31 de octubre Santamaría fue denunciado por María A. víctima de violencia sexual, la noche del 9N .
Inicialmente, una de las carpetas de investigación sobre aquellos hechos se inició por abuso sexual en agravio de María y Quetzalli, pero posteriormente se reclasificó como tortura en su modalidad de violencia sexual, a petición de Lugo, quien funge como asesora victimal y jurídica de ambas jóvenes y de Wendy Galarza, lesionada por arma de fuego.
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El 13 de octubre de este año se aportó como dato de prueba un peritaje médico psicológico, elaborado por peritas independientes especializadas, establecido como parte del Protocolo de Estambul, para abonar a la acusación por tortura sexual.
“El pasado 31 de octubre, María denuncia al comandante, Santamaría, quien fuera secretario de Seguridad Pública municipal en ese entonces, por el delito de tortura sexual.
“Se han solicitado diversos actos de investigación y vemos que hay una circunstancia por parte de los juzgados federales para también obstaculizar esta investigación”, explicó.
La abogada acudió a la Fiscalía especializada para ampliar la denuncia en contra del exfuncionario, con mayor información para que se soliciten los actos de investigación que permita indagatorias más exhaustivas.
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Lugo también presentó este miércoles una nueva denuncia, interpuesta por Wendy Galarza, por tratos crueles, inhumanos y degradantes, toda vez que la carpeta de investigación que se inició en 2020 sobre su caso, es por delitos menores, como abuso de autoridad y lesiones, cuando en realidad fue víctima de delitos graves, enmarcados en un caso de protesta social de grupos feministas, reprimida con el uso indiscriminado de armas de fuego y hubo detenciones arbitrarias.
“Eso ya está establecido en sentencias internacionales como en el caso Atenco, donde en el mismo sentido hubo una conducta de manifestación reprimida, en este caso, por servidoras y servidores públicos de fuerzas municipales y estatales de Seguridad Pública, donde hacen detenciones arbitrarias y violencia sexual, que configuran actos de tortura.
“No olvidar que Wendy es una de las víctimas que fue atacada por medio del uso de armas de fuego, tuvo dos lesiones y esto ha generado una modificación en su proyecto de vida y ello se enmarca en los tratos crueles y degradantes”, detalló.
Lugo aclaró que, a partir de la denuncia de este nuevo delito, el ministerio público tendrá que determinar si éste se reclasifica o si se trata de un concurso de delitos en un mismo hecho, lo que significa que pueden coexistir el delito de abuso de autoridad, lesiones y de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La noche del 9N
Ayer, hace dos años, familiares, amigos, ciudadanía y colectivas feministas salieron a las calles de Cancún para manifestarse pacíficamente por el feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, “Alexis”, quien había desaparecido dos días antes y cuyo cuerpo se encontró el 8 de noviembre, en condiciones de violencia extrema.
La protesta terminó desarrollándose al pie del Palacio municipal, cuya fachada fue intervenida gráficamente, los cristales rotos y la puerta principal, casi vencida por la arremetida de algunos participantes, cuando de los costados y del interior del inmueble aparecieron elementos de Seguridad Pública, quienes se lanzaron hacia las y los manifestantes, con macanas y escudos, unos, mientras otros abrieron fuego en contra de la multitud desarmada.
La persecución de las y los participantes a lo largo de Plaza de la Reforma y sus alrededores, redundó en al menos 13 víctimas directas: Tres, con heridas de bala; dos, objeto de tortura sexual y ocho golpeados, amenazados e insultados, cuando fueron privados ilegalmente de la libertad e incomunicados, llevándoles al interior del Palacio municipal.
La escena de los hechos no fue resguardada como lo mandata la ley, por lo cual fue alterada y la investigación, viciada. Por ejemplo, en videos difundidos esa noche y los días subsecuentes, apareció en primero plano el entonces secretario general del ayuntamiento, Issac Yanix, mostrando los cartuchos percutidos, fruto de la persecución armada y personal del gobierno municipal levantó evidencia.
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Wendy Galarza, una de las tres personas que fue herida de bala, recuerda que hay 14 personas vinculadas a proceso, con solo una mujer policía interna en la cárcel de la ciudad, con medida de prisión preventiva; el resto enfrentan su proceso en libertad y tres de ellos se encuentran sustraídos de la acción de la justicia.
Uno de los tres sustraídos está directamente relacionado con la herida de bala que recibió Roberto, uno de los dos periodistas que cubrían la protesta esa noche y quien terminó abandonando Cancún, desplazándose a otro sitio, por temor a represalias.
Los 11 dictámenes de reparación integral del daño, emitidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceaveqroo) en 2021, fueron judicializados por igual número de víctimas, pues no reúnen criterios como el de principio de satisfacción de las personas agraviadas.
La recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO) y dirigida a la entonces presidenta municipal, “Mara” Lezama –actual gobernadora– a finales de noviembre del 2020, fue dada por cumplida extemporáneamente, bajo la condena de las víctimas, que siguen exigiendo verdad, justicia y reparación integral.
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afcl
