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Oaxaca.— Son las 4:00 de la mañana del 14 de junio de 2006. Han pasado 23 días desde que integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) instalaron un plantón en el Centro Histórico de la capital para exigir al gobierno estatal el cumplimiento de sus demandas laborales. Los maestros aún duermen, desconocen que dentro de unos minutos 770 elementos de la Policía Preventiva desmantelarán su campamento y los desalojarán de forma violenta.
Son las 8:00 de la mañana. Durante cuatro horas se ha extendido el operativo policial y ahora los gases lacrimógenos impiden la visión y ahogan a los presentes. Agentes ministeriales catean el edificio sindical ubicado en el centro de la capital y dentro de poco las fuerzas policiales considerarán la zona despejada y bajo control. El saldo no fue blanco. El operativo dejó — se aceptará mucho después— detenciones arbitrarias y profesores lesionados, como lo señala el expediente de la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tras este desalojo Oaxaca quedará sumida en un conflicto político-social que se extenderá hasta 2007. Será el inicio de una etapa que dejará como fruto 30 ejecuciones extrajudiciales, 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y la desaparición forzada de dos personas, según la denuncia presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en abril de 2019.
Hoy, 13 años después, la justicia no ha llegado, denuncian integrantes de la Sección 22 y organizaciones sociales, quienes mantienen la exigencia de reparación del daño para los afectados, además de castigo al exgobernador Ulises Ruiz y a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes señalan como responsables de las violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, porque en todas las detenciones se comprobó la inocencia de profesores, estudiantes, menores de edad y personas simpatizantes con el movimiento, quienes en varios casos fueron torturados, señala Isaac Torres Carmona, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, (LIMEDDH), filial Oaxaca.
Durante tres años, el activista acompañó 200 casos de detenciones ante los tribunales, las víctimas estaban acusadas de ataques a las vías de la comunicación, daños por incendio, terrorismo, ataques contra funcionarios públicos, sedición y asociación delictuosa, entre otros.
“Varios años después se logró demostrar que fue un móvil político el que llevó a estas personas a enfrentar un proceso legal, logramos demostrar su inocencia. En todos los casos hay impunidad y no existe todavía en México una política pública, eficaz de atención a las víctimas”, señala.
El expediente 2006/2869/4/Q de la CNDH confirma la violación a los derechos humanos del magisterio, población en general, e incluso de periodistas, cometida por autoridades estatales, incluyendo a fuerzas policiales. Según el organismo, se violaron los derechos a la libertad personal, de reunión y de expresión; a la integridad y seguridad personal; a la legalidad. Y a la vida.
Justicia, aún lejana. Según José Bernardo Rodríguez, ómbudsman de Oaxaca, a 13 años del desalojo sólo se ha avanzado en conocer qué pasó realmente ese 14 de junio, gracias a las indagaciones de la CNDH, de la SCJN y de la Comisión de la Verdad, instaurada para determinar las violaciones cometidas. Se trata, dice, del primero de cuatro pasos que llevarían a una reparación integral del daño.
“Tenemos la verdad, pero faltan tres momentos. La justicia por esta verdad, que implica sanción a los responsables; reparación a víctimas, pues no puede haber justicia sin reparación del daño, y garantías de no repetición por parte del Estado”.
Para el defensor, la verdad se resume en que en el desalojo hubo un “uso ilegítimo de la fuerza pública que generó violaciones graves a DH”, en las que los gobiernos estatal y federal estuvieron involucrados. Por esa razón considera que sólo cambios profundos en la relación del Estado con los ciudadanos impediría que estos sucesos se repitieran.
“Justicia que llega tarde no es justicia, no tendría que ser normal que la reparación del daño tardara tanto”, dice el ómbudsman, quien espera que haya voluntad del nuevo gobierno de que estos sucesos no queden en el olvido. Lo mismo dicen activistas y docentes, quienes confían que, 13 años después, Andrés Manuel López Obrador aplicará la ley contra el exgobernador y los expresidentes.
