Zacatecas.— El amor de Daniela y Nallive está nutrido de resistencia y lucha. Juntas han hecho frente a la discriminación, los prejuicios, el rechazo familiar y también a la incertidumbre jurídica, al ser esposas ante la ley, aun cuando a nivel estatal el Código Familiar de Zacatecas estipula que “el matrimonio es la unión jurídica de un hombre y una mujer”.
Con cuna en el municipio de Guadalupe, ambas lograron dar certeza a su unión sin recurrir a amparos o viajar a otro estado, ya que efectuaron su matrimonio en el ayuntamiento de Zacatecas, uno de los ocho que en la entidad han abierto sus puertas, sin restricción, a todas las parejas de la comunidad LGBTTTIQ+ que deseen casarse.
Hoy, ambas dicen estar más enamoradas, pero sobre todo más tranquilas, porque su acta de matrimonio les da seguridad si enferman, si adquieren bienes o si alguna de ellas falta. “No sólo se trata de casarse por casarse, los matrimonios entre personas del mismo sexo también tenemos los mismos derechos que tiene toda pareja que se casa”, apuntan.
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En México, desde 2015, una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permite que, por medio de amparos, las uniones entre parejas del mismo sexo puedan realizarse en todo el país, aun con las trabas de las legislaciones locales. Sin embargo, realizar el trámite no sólo requiere inversión económica y emocional, sino también puede durar años en resolverse.
Actualmente, en el país son 18 las entidades que, a través de modificaciones a sus códigos civiles y leyes para la familia, u otros mecanismos locales, permiten que las parejas se casen sin importar sus géneros. La primera de ellas fue la Ciudad de México en 2009 y, 11 años después, los más recientes en garantizar estos derechos han sido Puebla y Tlaxcala, con la aprobación en 2020.
Casos especiales son por ejemplo Jalisco, que aunque no ha modificado su Código Civil, promulgó la Ley de Libre Convivencia estatal en 2013; o Chihuahua, donde tampoco hay cambios en la legislación, pero sí un recurso emanado del gobierno estatal.
Por otro lado, son tres las entidades —Guerrero, Querétaro y Zacatecas— que no avalan los matrimonios igualitarios a nivel estatal, pero por separado algunos de sus municipios han tomado la decisión de brindar el derecho a sus ciudadanos. Como fue el caso de Nallive y Daniela.
Deuda con la libertad
Nacidas en comunidades donde la educación es altamente conservadora, Nallive, de 32 años de edad, y su esposa Daniela, de 30, relatan que debido a los prejuicios con que crecieron, en su adolescencia ambas tuvieron novios por complacer a sus familias, que creían que “sólo estaban confundidas”, pero cerca de los 20 años decidieron no esconder más sus preferencias sexuales y así, libres de ser ellas, hace cinco años se conocieron y se enamoraron.
Según cuentan, tras el amor, no lo pensaron mucho y decidieron vivir juntas, pero al ver que también eran señaladas, decidieron probar suerte en la Ciudad de México, donde radicaron un corto tiempo. Luego regresaron a Tacoaleche, donde pusieron una tienda de abarrotes, que las acercó a sus vecinos, quienes al paso del tiempo se acostumbraron a verlas como pareja.
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En agosto de 2018, durante unas vacaciones a la playa, Nallive le propuso matrimonio a Daniela, sin saber que medio año después el ayuntamiento capitalino anunciaría que iba a permitir los matrimonios igualitarios sin recurrir al amparo federal y sin necesidad de que las legislaciones estatales lo avalaran. En marzo de 2019 se dieron el sí.
Hoy, siendo una familia, ambas admiten que, más allá de la discriminación, lo que más les ha dolido ha sido enfrentarse a la desaprobación de los suyos, con los que poco a poco han logrado acercarse y entenderse.
Por otro lado, ejemplifican la importancia del reconocimiento legal de su unión, pues hace unos meses, cuando Daniela tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis, el acta matrimonial permitió que Nallive, en su calidad de esposa legal, fuera el familiar directo para la toma de decisiones y cuidados. Ambas están dadas de alta como un matrimonio en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Amor en el congelador
Estos estados son Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En todos ellos, la coincidencia es una: las propuestas de ley para dar certeza jurídica a los matrimonios igualitarios han sido desechadas más de una vez o llevan años en el congelador.