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El cielo está encapotado por las nubes que avientan una lluvia ligera sobre las tumbas del cementerio Valle de los Sabinos. No hay ningún deudo en el panteón. A un costado, una cruz blanca de madera sobre un terreno es custodiada por dos adornos con flores, también le cuelga un rosario. No hay epitafio, ninguna placa, ninguna leyenda ni lápida. Nada. Es una cruz que no tiene palabras porque acompaña el anonimato de 199 cuerpos que no han sido identificados o reclamados desde que fueron hallados 351 cadáveres en 15 “narcofosas”, entre 2011 y 2012.
La mayoría de las fosas fueron halladas en la capital del estado, pero también se encontraron en los municipios de Lerdo, Cuencamé, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro y Pueblo Nuevo. De los 351 cuerpos que fueron rescatados de la clandestinidad, 135 ya fueron identificados y recuperados por sus familias. Hay otros 17 que fueron identificados, pero sus familias se resisten a creer que son sus seres queridos o simplemente no se ha localizado a las familias.
La fiscal Sonia de la Garza afirma que los cuerpos enterrados están clasificados.
“Tenemos muestras de ADN que no han sido compatibles, tenemos tatuajes, marcas y señas en cuerpos que no han sido identificadas por familias”, explica.
“Las familias lo que queremos son respuestas, por muy crueles que sean. Es una tortura constante. Cuando aparecieron las fosas siempre dijimos que era mejor que ahí estuvieran. Pensamos que podía ser algo bueno, pensamos que era una esperanza hallar una respuesta, pero no la encontramos y seguimos sin hallarla. Vivimos sin respuesta”, lamenta Brenda, una mujer que tiene a un familiar desaparecido, pero, como muchos, no quiere dar más datos por temor.
A diferencia de estados como Guerrero, Coahuila o Veracruz, donde existen hasta más de tres colectivos que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, en Durango —entidad donde más fosas clandestinas se han encontrado en el país— no existe ningún organismo civil. Pocos quieren hablar pese a que hay 349 personas que siguen desaparecidas, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).
Los daños de una desaparición
A partir de 2011 se empezaron a hallar las fosas clandestinas, atribuidas a la batalla interna de dos grupos del Cártel del Pacífico, pero 2010 fue el pico más alto de violencia en Durango: se documentaron mil 24 averiguaciones previas por homicidio doloso y 79 por secuestro, según datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional. También 2010 fue el año de más desapariciones, con 147 (42.2%), según el RNPED.
Ese año arrancó la administración del gobernador Jorge Herrera, quien en una entrevista para EL UNIVERSAL, aseguró que se había “transformado la inseguridad en el estado”.
Pero esa transformación no ha llegado para el matrimonio de Luis y Laura, quienes siguen desaparecidos mientras sus cuatro hijos los siguen buscando. Eran menores cuando no volvieron a ver a sus padres. El más grande, Raúl, tenía 14 años. Vino el hallazgo de las fosas pero nunca salieron sus padres.
“Se quedaron los niños muy vulnerables y el estado emocional era crítico”, cuenta María Ismelda Flores, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), dependencia creada en 2011 para atender el ejército de ciudadanos con familiares desaparecidos o asesinados.
En algún momento, empleados de la misma comisión, cuenta Ismelda Flores, fungieron como tutores para cobrar pensiones, para ir al banco y para cobrar seguros.
“Teníamos miedo de que se fuera a perder el negocio. Quería tener la edad y que mis hermanos y yo estuviéramos juntos”, platica Raúl, quien pidió el anonimato. Pasaron cuatro años para que legalmente recuperaran los bienes de sus padres. “Decidimos regresar a la casa de nuestros papás una navidad. Quitamos las cortinas y limpiamos. Dijimos ahí que no nos íbamos a separar”, relata el hijo mayor.
Hasta la fecha la Comisión de Víctimas ha concluido 190 juicios de presunción de muerte en Durango; “muchas de esas familias llegaron cuando estaban ahorcados en deudas o cuando ya los estaban desalojando de la casa”, recuerda Ismelda Flores.
“Nadie vio nada”
Por la calle Constituyentes, en la colonia Las Fuentes, se ubica el colegio Valladolid, una cocina económica, una frutería, una rosticería, un puesto de tacos, una paletería, viviendas habitadas y un terreno baldío que algún día fue un taller mecánico, pero que de día o de noche servía como cementerio clandestino.
En ese lugar, el 11 de abril de 2011 exhumaron 87 cuerpos. Durante una semana sacaron cuerpos con maquinaria pesada. Fue el primer hallazgo. Después vendrían otras 14 fosas y se sumarían 351 cuerpos que estaban enterrados en casas, refaccionarias, talleres, obras negras y baldíos ubicados en colonias, sectores habitacionales e incluso en avenidas transitadas.
En el sitio aún se pueden encontrar pedazos de la cinta amarilla de advertencia. El terreno está mojado por la lluvia que ha caído en el día. Por el lugar camina Moisés, un hombre soltero encargado de un tianguis. Vive a la vuelta del terreno.
“Yo vi cuando sacaban cabezas, cuerpos sin manos, cabezas de ‘morrillos’, señores...”, recuerda. Cuenta que tiene un primo desaparecido: “Era de Tepehuanes, arreglaba lavadoras y lo levantaron, lo estaban esperando”.
Cuando salieron a la luz las fosas, Moisés y su familia se imaginaron que, quizá, el primo se encontraría en una de ellas. Salieron y salieron cuerpos pero nunca salió su primo: sigue en calidad de desaparecido.
A un kilómetro de la fosa, en la calle Constituyentes, una casa abandonada que cuidaba un velador sirvió también para depositar cuerpos como costales de papa en bodega. La casa está a espaldas de un bachillerato tecnológico en el fraccionamiento Providencial.
La fiscal Sonia de la Garza lamenta que la sociedad haya sido indiferente al tema. En otros casos, agrega, no alzaron la voz por temor.
“Hubieran contribuido de manera importante para evitar tantas desapariciones. El tema de seguridad no debe ser trabajo exclusivo del gobierno”, opina.
En la colonia Valle de Guadiana se encontraron dos fosas más. Una tenía la facha de una refaccionaria que hoy es un cascarón hueco con olor a desperdicio. De ahí sacaron 41 cadáveres. La otra fue sobre las calles Valentín Trujillo y Mario Almada, donde exhumaron otros 17 cuerpos. El lugar está alrededor de casas habitadas y un taller mecánico. Frente a ese lugar está Pablo sentado en una mecedora, con la parsimonia de un hombre jubilado. “Yo pensé que era un corralón. Se veía movimiento, llegaban en la madrugada. Pensábamos que estaban trabajando”, recuerda.
Pablo dice que así como ahora, el barrio era igual de calmado.
— ¿Qué sintió cuando vio que sacaban cuerpos?— , le pregunto al señor que debe tener setenta y tantos años.
—Pos nada. Salían los pedazos, luego enteros. Los echaban en bolsas negras.
—¿No siente feo saber que frente a su casa enterraban cuerpos?
—Nada… ¿qué le van a hacer a esos
terrenos?
A unas cuatro casas se halla Luis, de 40 años. Para él fue una sorpresa saber que a unos metros de donde dormía echaban cuerpos en un boquete. “Seguramente lo hacían en la noche”, dice.
—¿No le dio miedo saber que pasaba
tal cosa?
—No, ya qué puede pasarle a uno. Lo que sí es que batallábamos pa’entrar.
El problema no era que inhumaran cuerpos clandestinamente frente a su casa, el problema era que no podía transitar por la calle.
Taxistas, maestros y empresarios
Un taxista platica que tiene un amigo con un hermano desaparecido. Otro más cuenta que en una ocasión un compañero pidió auxilio a la base porque lo venían siguiendo. Dos compañeros acudieron al apoyo y los mataron a los tres.
—Ellos aparecieron en la fosa de Valentín Trujillo. Muchos dejaron de ser taxistas, hubo un tiempo en que había muchas vacantes— asegura el conductor, quien pide quedarse en el anonimato.
Taxistas, maestros, ab ogados, empresarios, quizá también gente involucrada en la delincuencia organizada. En las fosas se halló de todo. Hasta políticos.
“En su mayoría fueron hombres, niños no hemos encontrado. Fue muy variable todo. Casos de personas que se dedicaban a la albañilería, empleados de maquila, amas de casa, taxistas... no hay un patrón. La mayoría son de los 19 a los 59 años”, detalla la fiscal Sonia de la Garza.
Siguen desaparecidas 51% de las personas (179) . Tenía entre 18 y 35 años, según la base de datos del gobierno federal. Muchos son de otros estados, asegura Ismelda Flores de la CEAV.
La fosa de San Vicente está en la periferia de la ciudad, en calles de tierra, enlodadas. Es una barda de ladrillos y un portón que aún mantiene sellos despintados de clausura; rodeada de casas de ladrillo sin enjarre, casuchas de adobe.
Santos tiene 10 años viviendo en esta colonia. Fue desplazado de la sierra por los narcos. “No nos dejaban ni sembrar. Llegaban encapuchados y mataban a las vacas que les daba la gana”, narra Santos.
Llegó a la capital y ahora se dedica a la obra. Nunca pensó que a unos metros de donde descansaba fueran a enterrar 56 cuerpos.
- Se echaban sus viajes pero nunca nos asomábamos. Entraban y salían como en su casa los vatos. Vimos que metían maquinaria, nunca me imaginé que era para un panteoncito.
Cuando llegaron los soldados a sacar los cadáveres, entregaron mascarillas a los vecinos porque los olores a podrido inundaban el aire. “También nos pidieron palas”, ríe.
