La iniciativa de la Senadora morenista, Susana Harp, que servirá como referencia para adicionar puntos a la actual Ley Federal de Cinematografía, prohíbe que las películas susceptibles de apoyo federal tengan relación, asociación o vínculo con plataformas de streaming o agentes económicos con poder sustancial en el mercado de cualquier sector de la industria.
El documento tendrá un papel importante en la próxima reunión que sostendrán las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos de la Cámara Alta, a fin de cumplir con un requerimiento que desde el año pasado les hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En agosto de 2023, la Segunda Sala del máximo tribunal mexicano ordenó al Congreso subsanar la falta de apoyos federales al cine nacional (de la manera que mejor creyeran conducente), que quedaron fuera de la ley en el 2020, luego de que Diputados quitaron más de 100 fideicomisos entre ellos el Fidecine, el cual por dos décadas apoyó la producción de más de 200 largometrajes.
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La fecha máxima ordenada por la Corte era hasta diciembre pasado, pero el Senado pidió una extensión de tiempo por su apretada agenda. La semana pasada, la Corte envió a la Cámara un nuevo requerimiento para hacer cumplir su mandato.
De acuerdo con fuentes del Senado, se ha estado trabajando en el dictamen y se tomará como referencia la iniciativa de Harp, actual presidenta de la Comisión de Cultura.
Dicha iniciativa establece que los apoyos al cine nacional no serían a través de fideicomisos, lo cual dejaría de lado una reversión del Fidecine, cuya desaparición fue calificada ayer de inconstitucional por parte de la Primera Sala de la SCJN.
“La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía, fomentará la cinematografía nacional en sus diferentes actividades a través de subsidios o bajo sistemas de apoyos financieros, capital de riesgo, garantía e inversión”, se lee en la iniciativa.
En el documento se establece que los apoyos serán para personas morales o físicas mexicanas por nacimiento, naturalización o residentes permanentes en el país, así como por extranjeros en el marco de los acuerdos internacionales o los convenios de coproducción suscritos por el Estado mexicano con otros países u organismos internacionales.
“Sin relación, asociación o vínculo, con empresas de servicios de radiodifusión de sonido e imagen u operadoras de comunicación electrónica de producción en serie para servicios de video por demanda o suscripción, así como con conglomerados de medios o agentes económicos con poder sustancial en el mercado en cualquiera de los sectores de la industria. Para estos efectos no serán considerados como vínculos los acuerdos de distribución o exhibición”, establece.
La iniciativa también determina que el Imcine contaría con recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre ellos, las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y social, al igual que donaciones de personas físicas o morales, mismas que serán deducidles de impuestos.
La iniciativa no menciona en ningún momento al FOCINE, actual figura de apoyos gubernamentales al cine nacional y que, por no estar en ley, puede en cualquier momento ser disuelto.