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Esta mañana se celebró una nueva audiencia en el caso del actor Pablo Lyle , quien en octubre de este año fue encontrado culpable de homicidio culposo y desde entonces permanece en prisión.
Tanto Lyle como su familia y sus abogados se presentaron en la corte de Miami, donde se presentaron varios argumentos para solicitar un nuevo juicio ; y es que el equipo legal del actor cree que el proceso anterior estuvo viciado, entre otras cosas, por lo mediático que ha sido el caso, lo cual consideran pudo haber influenciado el veredicto del jurado.
Por varios minutos, tanto la defensa como la fiscalía trataron de convencer a la jueza Marisa Tinkler, quien, tras escuchar a ambas partes, anunció que se tomará algunos días para reflexionar sobre si es necesario iniciar otro juicio y dará a conocer su decisión el próximo lunes 12 de diciembre.
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Entre las razones que los abogados de Lyle consideran importantes para la realización de un nuevo proceso se encuentran las evidencias que no les permitieron mostrar anteriormente y con la que podrían demostrar que Juan Ricardo Hernández, el hombre que perdió la vida, era un sujeto violento por lo que Pablo actuó en legítima defensa al golpearlo.
Además, señalaron que antes del fatal altercado que sucedió en marzo del 2019, el cubano protagonizó otro incidente en un supermercado. Por último piden que los cargos contra el actor sean reconsiderados y se califique como homicidio excusable, pues no fue él quien provocó el accidente de tránsito en el que se vieron envueltos.
Por su parte, la fiscalía no estuvo de acuerdo y trató de desestimar cada uno de los alegatos. Insistieron en que Lyle no actuó por defender a su familia ya que Hernández era una persona de la tercera edad y alzó las manos, lo que no significaba ningún peligro y la fuerza del actor es un gran factor a considerar.
Sobre la conformación del jurado, afirmaron que ninguno de los miembros conocía el caso, por lo que creen que todos fueron aptos para el caso.
De concederse la petición de Lyle, el caso se extendería por mucho tiempo más pero de no ser así, podría recibir una sentencia de entre 9 a 15 años en una prisión estatal.
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