Los abogados en algo hemos contribuido con nuestra endogamia tan tradicionalista. Con ese ímpetu del gremio que sostiene que sobre cuestiones de Derecho sólo podemos saber nosotros y nadie más. Cuánto daño le ha hecho esta forma de pensar al ámbito jurídico pero, y sobre todo, a la procuración y administración de justicia de nuestro país.
La situación que viven los “centros de estudios forenses” a lo largo y ancho de nuestro República mexicana es de una precariedad inusitada y alarmante. Algo que no sucede, ni nadie permitiría suceder, en latitudes donde se toman la justicia en serio. Es hora de que en nuestro país nos tomemos más en serio la relación, importantísima, entre el mundo de la ciencia y el mundo de las normas.
Parece que los abogados llevamos por años concentrándonos preponderantemente en los problemas que un juez enfrenta al determinar el contenido del Derecho, es decir, en los problemas relativos a la interpretación de las disposiciones jurídicas. Dicho de otro modo, únicamente nos ha importado a lo largo de los años las cuestiones relativas a la famosa quaestio juris, dejando groseramente de lado la quaestio facti. Por ello en la actualidad se extraña de una manera contundente promover la investigación científica; lo que se ha dado por llamar la “materia de los hechos”.
Es hora de que los abogados demos un salto y otorguemos la importancia debida, igual o mayor en ciertos casos a la del Derecho, a las áreas científicas. Los conflictos o problemas prácticos no sólo se resuelven a golpe de normas. Para la resolución de casos prácticos (civiles, familiares, penales), los retos o problemas a los que se enfrenta un juez no sólo son “normativos”, estos tienen que determinar también con base en una valoración racional o razonable de las pruebas, lo que se debe creer o aceptar pudo haber ocurrido en el “mundo” para adjudicar con certeza la consecuencia jurídica correcta.
Si el país no cuenta con centros de análisis e investigación forense, verdaderos institutos de ciencia forense, con las herramientas necesarias y suficientes, como en la actualidad aparentemente son casi inexistentes por las carencias que presentan, nunca estaremos en condiciones para aspirar a esos dos reclamos sociales que tanto nos preocupan: 1. la aplicación correcta y certera del Derecho (combatir la impunidad, p.e.) y, 2. combatir el crimen en nuestro país.
La falta de acuerdo en torno a si lo que buscamos en un proceso jurisdiccional es sólo la llamada “verdad formal” sin importarnos (y quizá ahora, más que nunca) la “verdad material”, nuestra falta de compromiso con la justicia se reafirma. El conocimiento empírico evita problemas sociales, evita errores judiciales. En otros términos, evita condenar al inocente y absolver al culpable.
Nuestra falta de conocimiento científico en el Derecho sólo logra que los errores incidan y que la justicia no tenga éxito. El problema no es un problema únicamente de los estados, es un problema de emergencia nacional. La suma de todos hacen el total. De poco sirve tener uno o dos centros de ciencia forense que funcionen como se debe. Pues si carecemos de otros 30, el esfuerzo es fútil.
Hoy existen centros forenses en donde los cadáveres se guardan con hielo, otros que están mandando a las fosas comunes a personas sin identificar y así una serie de vicios cuya responsabilidad la cargará el Estado mexicano injusto, porque esto es un deber de los gobernadores cuyo cumplimiento (de atención de algunos de ellos) deja mucho que desear. Es hora de ocuparnos de un problema muy importante que tiene solución y eso es ponerle atención y oficio.
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México