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La Red Compartida es el más ambicioso proyecto en materia de telecomunicaciones del gobierno mexicano y representará una inversión estimada en más de 7 mil 500 millones de dólares.
El proyecto contempla el aprovechamiento de al menos 90 MHz (megahercios) del espectro liberado debido a la transición a la televisión digital terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida.
En noviembre del año pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descalificó la oferta técnica del Consorcio Rivada por no haber entregado la garantía de seriedad de mil millones de pesos para el concurso de la Red Compartida. Ello despejó el camino al otro participante, el consorcio Altán Redes.
A pesar de las dudas que prevalecen sobre la descalificación de la oferta técnica que presentó el Consorcio Rivada Netwoks para el Concurso de la Red Compartida, (el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública y el Juzgado Segundo de Distrito especializado en telecomunicaciones y competencia económica investigan posibles irregularidades presentadas en el proceso de licitación de la Red Compartida), en días pasados el consorcio Altán Redes, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), y Telecomunicaciones de México
(Telecomm) firmaron el contrato de Asociación Público-Privada.
Rivada Networks había señalado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “tiene el deber de investigar a fondo los hechos denunciados y debe abstenerse de celebrar el contrato de Asociación Público Privada con el Consorcio Altán, hasta que se despejen las dudas sobre la causa de la descalificación”.
De acuerdo con voceros de la empresa Rivada Networks, la soberanía y seguridad nacional de México fueron “comprometidas” con el otorgamiento de la Red Compartida al Consorcio Altán, debido a que el gobierno de China “participa indirectamente con el 23.36 por ciento del capital social” del grupo.
Los fondos de inversión China Mexico Found Investment (CMF) efectivamente representan 23.36 por ciento del capital social del Consorcio Altán. El resto del capital social procede de un conglomerado de empresas off shore, destacando el megabanco Morgan Stanley (33.38 por ciento, a través de Marapendi Holding), Megacable y Axtel, cada una con 4.01 por ciento.
El 20 de diciembre de 2016, Brett Haan, quien es director ejecutivo y socio de la firma Deloitte, declaró ante una corte en Virginia, Estados Unidos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había pagado 5.2 millones de dólares a Deloitte para elaborar un “robusto plan de negocios”, además de un modelo de licitación de la Red Compartida.
En 2016 Haan recibió una propuesta “ilegal” de quien fuera director general de la Subsecretaría de Comunicaciones, Mario Góngora Preciado, para “ayudar” a que la licitación se le asignara a una sola compañía, Comunicación Veta Grande (CVG), cuyos integrantes principales se convertirían después en Consorcio Altán, y que así se evitara el concurso internacional.
El 20 de diciembre de 2016, a través de un comunicado de prensa, la SCT anunció que iniciará acciones legales contra Rivada Networks y contra Declan Ganley, directivo de esa empresa.
Resulta pues fundamental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes disipe toda duda sobre la Red Compartida, demostrando que el concurso efectivamente se ajustó a los principios de legalidad, imparcialidad y transparencia”.
Vale la pena destacar que esta semana, Alberto Morales en EL UNIVERSAL dio a conocer que México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, informe elaborado por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, lo que termina por ubicar a nuestro país en la posición 123 de 176 países.
