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Se está dando un ataque a los sistemas anticorrupción y de enjuiciamiento penal de corte acusatorio.
Uno de los medios de comunicación que encabezó la embestida en contra del Sistema Nacional Anticorrupción fue EL UNIVERSAL, lo que provocó que seis articulistas renunciarán a seguir escribiendo en este periódico. Dicho sea de paso, EL UNIVERSAL, al percatarse de lo nocivo de su línea, decidió pedirle la renuncia a su director editorial, como muestra de una medida correctiva al respecto.
En su carta de renuncia, los articulistas adujeron que ellos mismos habían estado directamente involucrados en el desarrollo y puesta en marcha de ese sistema. Es decir, se sintieron indirectamente atacados por las diversas descalificaciones publicadas en el periódico. Por desgracia, algunas de las críticas al sistema, en realidad no eran del sistema, sino a algunas personas específicas, integrantes del nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Como siempre, las críticas ad hominem resultan, en la mayoría de los casos, carentes de argumentos y cargadas de animadversión, envidia o frustración, o simplemente con la mala intención de golpear a la persona con el fin de lastimar su reputación, hostigarla, amedrentarla o lograr algún otro tipo de efecto en contra de ella. No solamente en este caso, sino en muchos otros podemos dar ejemplos de tales bajezas.
Ante este embate en contra del Sistema Nacional Anticorrupción se lanzó la iniciativa #VamosPorMás, encabezada por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y acompañada por un gran número de organizaciones no gubernamentales e individuos.
El llamado que hace #VamosPorMás es por la defensa del Sistema Anticorrupción en contra de quienes sienten un chiflón por los nuevos aires de transparencia que pudieran impedirles o entorpecerles sus acostumbradas prácticas corruptas. Claro, como les da frío, rechinan los dientes y tratan de debilitar al sistema, pegándole a los ciudadanos independientes integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. No soy psíquico, pero supongo que esa es su intención, al carecer de argumentos sustantivos en contra del propio sistema.
Algo similar ocurre con el sistema procesal penal de corte acusatorio. La reforma constitucional en la materia es del año 2008 y contó con un periodo de ocho años para su entrada en vigor, para que las entidades federativas y la Federación prepararan a los operadores del sistema. Entró en vigor un Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable en toda la República.
Como botón de muestra, la Conago, en su más reciente reunión, fue el vehículo de las voces de incomodidad de algunos gobernadores, quienes le echan la culpa al nuevo sistema penal del incremento en los índices de la delincuencia. Otros sectores particulares se han manifestado en contra de este sistema, tachándolo de hipergarantista, y de que sirve de puerta giratoria de los presuntos delincuentes, que salen libres fácilmente.
Creo que en este caso aplica la máxima que dice que no debe ser escuchado quien alegue en su beneficio su propia torpeza. Los operadores del sistema tuvieron ocho años para prepararse, lo que no hicieron ni los jueces, ni los fiscales, ni los mismos abogados penalistas. Les entregaron un avión nuevo hace ocho años y luego los manuales de operación, para que se entrenaran quienes debían volarlo. Llegada la fecha del despegue, ni la tripulación, ni los mecánicos supieron qué hacer y en lugar de reconocer su propia negligencia, le echan la culpa al avión. Sin duda la nueva maquinaria penal no es perfecta, pero no debemos permitir regresiones que reduzcan los derechos de las víctimas, ni de los imputados. En derechos humanos opera el principio de progresividad, que puede ilustrarse diciendo: “pa’trás, ni pa’agarrar vuelo”.
Profesor de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana.
@CORCUERAS
