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La información es poder. Así reza una de las frases más conocidas en el mundo de los negocios. Pero cuando la información sólo la tienen unos cuantos para sacar ventaja y obtener beneficios propios, entonces estamos frente a una verdadera maquinaria entre el poder y el dinero. Un crimen que se persigue y se castiga en casi todos los mercados financieros del mundo. ¿Y aquí?
En México, la Comisión Federal de Competencia dio a conocer que en octubre pasado inició una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en la compra y venta de bonos del gobierno federal, principalmente por parte de fondos de inversión, casas de bolsa y bancos que participan en este mercado. La investigación habría iniciado por revelaciones de los propios operadores que apuntan a viejas prácticas ilegales para pactar los precios en la compra de los bonos del gobierno que realiza cada martes el Banco de México vía subastas; aunque también por prácticas de colusión entre intermediarios en el mercado secundario de bonos. Así que estamos frente a una compleja investigación que podría tomarles a los agentes de Cofece todo este año y parte del siguiente con resultados aún muy inciertos para los bancos y los grupos financieros involucrados.
Las agencias calificadoras siguen el asunto con atención. En una entrevista para Expansión que vale la pena traer a cuento, el analista de Moody’s Felipe Carvallo no escatimó en señalar que, después de darse a conocer esta investigación, en Moody’s tienen “una visión un poco más negativa sobre la banca mexicana”. Y es que las consecuencias sobre los negocios de los bancos involucrados pueden ser de un fuerte impacto negativo, aunque —por otro lado— para la imagen del país es una buena noticia que sus instituciones funcionen.
Pero sin demeritar el trabajo que están haciendo los investigadores de Cofece, existe otro filón de ilegalidades en el sector financiero que vale la pena desenterrar y que es de grandes proporciones —o mayor aún— que
el anterior.
Ya lo habíamos apuntando brevemente aquí el pasado 21 de abril. Se trata del uso de información privilegiada entre los grandes grupos empresariales y financieros del país, particularmente en el mercado de valores. El tema no es nuevo. Sólo recordemos lo que ocurrió entre 1990 y 1991 con el proceso de venta de los bancos estatales a los grandes empresarios del país a través de subastas. Protagonistas de aquellos sucesos me revelaron en diversas ocasiones en aquellos años sobre cómo se les indujo desde el gobierno federal a participar en tal o cual subasta y cómo se les informaba de los múltiplos de valor en libros a los que podían o deberían presentar sus posturas para ganar la subasta. Así, el gobierno de Salinas de Gortari elevó los precios de los bancos con diversas promesas que iban desde financiamiento indirecto, hasta una escasa o nula supervisión sobre los nuevos bancos privados en los meses siguientes a la compra.
Lo mismo ocurrió en años recientes con los quebrantos de los bonos hipotecarios entre 2008 y 2009 una vez que estalló la crisis financiera en la banca de inversión estadounidense. Unos cuantos se hicieron de grandes ganancias anticipadas producto de las medidas que adoptó el gobierno federal.
Pero estos y otros negros capítulos del sistema financiero nacional en el que se ha lucrado con información privilegiada no se han desvanecido del todo. Aquí, en este espacio, hemos puesto sobre la mesa las extrañas apuestas de algunos grandes intermediarios en las subastas de bonos del gobierno federal, como si tuvieran información anticipada de las decisiones que tomará el gobierno o el banco central.
Ya señalábamos también el trato preferencial que reciben algunos grandes intermediarios financieros desde el gobierno y que alteran el comportamiento del mercado de deuda.
Pero la pregunta a todo esto es: ¿quién investiga en el sector financiero la existencia de redes, uso y explotación de información privilegiada? Sí, las leyes dicen que esto es un delito, pero, ¿quién los persigue? ¿Lo hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Presidencia de la República? ¿Acaso lo hace la Procuraduría General de la República o el área de inteligencia financiera de la propia SHCP?
Factualmente, ninguno de ellos. El problema es que éste —el de la información privilegiada— es un campo abierto para la impunidad entre autoridades financieras e intermediarios. Todo queda en tinieblas. Si no existe vigilancia, ni contrapesos, la reproducción de delitos graves como éste se pueden dar sin límites y, mucho menos, sin castigos.
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