El nombre del nuevo gobernador del banco central debe conocerse en breve. Agustín Carstens, el actual gobernador, dejará el cargo el próximo 30 de noviembre, así que sólo le restan poco menos de cuatro meses de mandato para dejar vacante una de las sillas más importantes para la economía nacional. Acaso, hoy por hoy, la más importante.
¿Cuándo enviará el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República el nombramiento del sucesor de Carstens para el “trámite” de su ratificación? Recientemente se han mencionado tres eventos que, según algunos analistas políticos, deberán transcurrir antes de que Peña Nieto dé a conocer su decisión:
Primero, la Asamblea Nacional del PRI, que se llevará a cabo el sábado 12 de agosto, en la que se medirá la fuerza con la que llega Peña Nieto para definir el perfil del candidato a la Presidencia en las elecciones de 2018 y el nivel de riesgos que enfrenta el PRI por las luchas intestinas en un partido debilitado y altamente cuestionado.
El segundo evento que se menciona es la instalación del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso y la entrega del quinto informe presidencial el 1 de septiembre próximo, además de posibles cambios en el gabinete en los días siguientes al informe, como se rumora con insistencia.
Y el tercer evento a tomar en cuenta para la designación del nuevo gobernador del Banco de México es la entrega al Congreso de la Unión del paquete económico para 2018 a más tardar el 8 de septiembre próximo, según lo ha anunciado el propio titular de Hacienda.
Y añadiría un cuarto evento, ya que estamos con el calendario político en la mano. Y tiene que ver con la primera ronda de negociaciones del TLCAN del 16 al 20 de agosto a celebrarse en Washington y que concentrará la atención política y mediática a tal grado que ayer el canciller Luis Videgaray se autodescartó para contender por la Presidencia en 2018 y dedicarse a la negociación del tratado comercial de Norteamérica.
Si este calendario es el que efectivamente está determinando la designación del nuevo gobernador del Banco de México, entonces estamos frente a un nombramiento político desde la Presidencia. Y hay razones para pensar que puede ser así porque desde hace tiempo se viene alimentando esta idea con los nombres de los secretarios José Antonio Meade y Luis Videgaray, ambos con carreras ajenas al banco central y cercanos al Presidente, lo que pone en tela de duda su independencia de los intereses políticos de Peña Nieto y de su grupo cercano.
Al transcurrir los días sin que el Presidente dé a conocer su decisión, se alimenta la idea de que Peña Nieto efectivamente está esperando que transcurran estos eventos políticos —incluyendo cambios en el gabinete— para que defina a su alfil para el banco central. Y esa espera sólo se justifica si el próximo gobernador es un miembro de su equipo de gobierno, como Meade o Videgaray.
La incertidumbre natural que caerá sobre la economía mexicana a raíz de las negociaciones del TLCAN, primero, y la ruta electoral hacia 2018, después, hacen relevante que el nombramiento del gobernador se tome con la debida anticipación. Pero más importante aun es que esta decisión ratifique la independencia del Banco de México ante los intereses políticos de este gobierno y del entrante, un tema que se ha cuestionado durante esta administración. Hace algunos días el secretario Meade pidió que no se politice el paquete económico para 2018 que presentará su dependencia. Pues con mayor razón, la designación del gobernador del banco central debe darse sin debilitar la confianza en la institución.
El gobernador no sólo debe ser un economista experimentado en asuntos de política monetaria, fiscal y cambiaria, además de conocer de cerca los mercados financieros locales y globales y, preferentemente, con trayectoria en el propio banco central, sino también debe ser un líder habilidoso y firme para establecer una distancia prudente del presidente en turno que no exponga la autonomía del banco, pero también con la cercanía que requiere para convencer al Ejecutivo y al Congreso sobre los objetivos del banco central.
Pero la duda sobre la calidad de la decisión de Peña Nieto en el Banco de México allí queda. Y es que sus antecedentes en otros nombramientos relevantes, como los ministros de la SCJN, han delatado sus motivaciones puramente políticas para estos encargos que trascienden el sexenio.
Los nombres de funcionarios o ex funcionarios del banco central como los subgobernadores Alejandro Díaz de León, Manuel Ramos Francia o el ex subgobernador José Sidaoui Dibb siguen en la lista pública de potenciales candidatos a gobernar el Banco de México, pero será Peña Nieto quien tome la decisión, seguramente pidiendo la opinión de Videgaray, Meade y el propio Carstens.
Sería lamentable que el largo brazo de la política también atrape al banco central.
