Las pensiones son una molestia. Un asunto que ni el gobierno federal ni los legisladores ni las organizaciones empresariales quieren abordar.
Incluso aquellos que deberían impulsar una profunda reforma al maltrecho sistema actual —como los sindicatos de trabajadores o los partidos políticos de izquierda— se han negado a abordar el asunto. Para ellos también es una molestia.
La reforma al sistema de pensiones está fuera de cualquier agenda política. Es una reforma huérfana, sin patrocinadores. Nadie la impulsa, a nadie le importa a pesar de las reiteradas advertencias de la crisis que se avecina para las finanzas públicas y para millones de jubilados. Pero no estallará en el próximo año, ni en el siguiente. Así que patear el balón hacia adelante es el conveniente juego para el cálculo electoral de los políticos que tienen secuestrado el futuro de los trabajadores.
Las ausencias del presidente Peña Nieto y del secretario Meade Kuribreña en el evento de celebración de las dos décadas del Sistema de Ahorro para el Retiro, el pasado 19 de julio, dicen más que mil palabras. El desaire a un sistema de 3 billones de pesos de ahorro para el retiro de los trabajadores no sólo revelaba el desinterés por su futuro o la ausencia de las tan anheladas respuestas que por años se han exigido. Era más que eso. Fue una cachetada para millones de trabajadores que engrosarán las filas de la pobreza en su vejez por una simple razón: el monto de la pensión para aquellos que cotizan con la nueva ley serán muy bajas, si acaso una tercera parte de su último sueldo.
Y para saberlo sólo hace falta voltear a ver lo que ya está ocurriendo en Chile, uno de los precursores mundiales de la privatización de la seguridad social. Chile nos lleva casi dos décadas desde que implantó en 1980 los fondos privados de pensiones que en el país andino se denominan AFP’s (Administradoras de Fondos de Pensiones), el equivalente a nuestras Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) que operan desde 1997. En los 37 años de experiencia que llevan los trabajadores chilenos bajo este régimen de pensiones los resultados no les han sido satisfactorios a tal grado que el año pasado cientos de miles de ellos salieron a las calles en las principales ciudades exigiendo al gobierno de Michelle Bachelet dar un paso atrás. No es para menos. Con 10% de contribución de sus salarios a su pensión (en México es de 6.5%), el sistema ha acumulado alrededor de 190 mil millones de dólares en fondos; sin embargo, los chilenos obtienen en promedio una pensión equivalente al 38% de su salario final, solamente superior a México entre los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Es cierto que los cuantiosos fondos acumulados han sido base del financiamiento barato que, junto a una política de inversiones públicas y de estabilidad macroeconómica, hizo posible el llamado “milagro chileno” de los años noventa y la primera década de este siglo. Sin embargo, los trabajadores que se jubilaron bajo el régimen de pensiones que implantaron los economistas del gobierno de Augusto Pinochet no están satisfechos. Y cómo lo van a estar, si se les prometió el doble de lo que ahora obtienen en sus pensiones.
La presidenta Bachelet, que desde su campaña hizo promesas de reformas en medio de la efervescencia estudiantil y laboral, enviará al Congreso su proyecto de reforma al sistema de las AFP’s en la semana del 7 de agosto.
Ya en abril la presidenta adelantó que la reforma al sistema incluirá que los empresarios aportarán un 5% de cotización adicional sobre los salarios a implementarse en los próximos seis años. Esa nueva aportación se destinará en un 60% a las cuentas de ahorro individuales que administrará un órgano gubernamental autónomo, mientras que el restante 40% se destinará a un “seguro colectivo” del que se esperan aún más detalles. En su momento se dijo que el “seguro colectivo” servirá para compensar a los pobres en su vejez y a las mujeres que fueron perjudicadas bajo el sistema anterior. La reforma de Bachelet también contempla incluir a los trabajadores independientes y mantener las edades de jubilación de los hombres en 65 años y de las mujeres en 60 años, si bien no se esperan cambios en relación al sistema actual de las AFP’s. Ya veremos qué dicen los líderes de los trabajadores chilenos una vez que se conozcan las propuestas de Bachelet.
Mientras tanto, en México las organizaciones sindicales no tienen palabra propia sobre el asunto, y los millones de trabajadores desconocen su situación pensionaria. Mucho menos se pronuncian al respecto.
Bajo la sombra de la ignorancia de los trabajadores y de los intereses particulares de quienes deberían discutir con urgencia una reforma en México, la crisis pensionaria se asoma.
En los meses por venir las tentaciones para las soluciones fáciles y populares abundarán, como lo advirtió Carlos Ramírez, el presidente de Consar, en abril pasado precisamente en Chile.
Y es que el precio de la irresponsabilidad, de la inacción y la mediocridad crece ante la lucha por el poder político.
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