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Una de las herencias de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón fue el llamado Seguro Popular. Un modelo de seguridad social que financia la prestación de servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos para aquellos millones de mexicanos que no están afiliados a los servicios de seguridad social ya existentes como el que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores que laboran en la iniciativa privada, o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que atiende a los burócratas del país.
Hasta diciembre de 2016 estaban registrados al Seguro Popular 54.9 millones de personas, cifra que se mueve constantemente debido al vencimiento o renovación de las pólizas que tienen validez por tres años. Por ejemplo, para este año se tiene contemplado el vencimiento de 17.2 millones de pólizas y sólo se prevé —por diversas razones incluyendo que una parte de los registrados también cuentan con servicios de salud en algún otro instituto de seguridad social— que 70% de ellas se renueven.
Pero más allá de las duplicidades, las deficiencias de infraestructura, la pobre capacidad de atención y la corrupción al que se ha enfrentado el modelo (el diario Reforma publicó recientemente sobre los quebrantos financieros del Seguro Popular y que han sido comentados en estas páginas puntualmente por Ricardo Raphael con dos entregas a las que tituló El fraude del Seguro Popular); hay un asunto más. Y se refiere al potencial efecto perverso que ha causado la implantación del Seguro Popular hace ya 13 años sobre el crecimiento económico. Una especie de freno fiscal para la economía más productiva del país.
Por lo menos ésa es una de las explicaciones que Dani Rodrik y Santiago Levy ofrecen sobre el trunco crecimiento económico mexicano de los últimos años. Rodrik es un destacado economista y profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, mientras que Santiago Levy, actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es uno de los economistas mexicanos más relevantes en materia de desigualdad y seguridad social. Ambos publicaron ayer un artículo (La paradoja mexicana) que busca responder a las preguntas sobre el magro crecimiento económico reciente del país y su estacanda productividad a pesar de haber liberalizado sus políticas económicas, emprendido reformas audaces, firmado el TLCAN, impulsado políticas para combatir la pobreza y haber sido prudente en el manejo macroeconómico. “Si alguna vez hubo un país que estaba destinado a ser el escudo de la nueva ortodoxia en el desarrollo económico, fue México. En cambio, el país se quedó atrás incluso de sus pares latinoamericanos. ¿Por qué?”, se preguntan Levy y Rodrik.
Una razón es la extendida informalidad en la economía, con una muy reducida productividad en las empresas informales, dualismo que se agravó con las reformas liberalizadoras que se instrumentaron. De hecho “las empresas informales han absorbido una parte creciente de los recursos de la economía”, dice Levy.
Y ofrece dos datos demoledores para argumentar lo anterior: “El crecimiento acumulado del empleo entre 1998 y 2013 en el sector informal fue de 115%, frente a 6% de la economía formal. Para el capital, el crecimiento acumulado fue de 134% para el sector informal y de 9% para el sector formal”. Resultado de todo esto es el estancamiento en la productividad general de la economía.
Pero subsiste una pregunta crucial para los autores: “¿Por qué el cambio estructural ha reducido perversamente el crecimiento?” Y es que el problema del crecimiento de México no es resultado de la inestabilidad macroeconómica, de la ausencia de competencia extranjera o, incluso de la falta de capital humano, según Levy y Rodrik.
La respuesta sigue apuntando a la informalidad. “Una posible explicación es el sistema paralelo de México de seguro social (diría Seguro Popular, y este apunte es mío). Las empresas y los trabajadores del sector formal deben pagar los seguros de salud, las pensiones y otros beneficios para los empleados. Pero, debido a que los trabajadores subvaloran estos beneficios, el resultado es un impuesto puro sobre el empleo formal. Por el contrario, cuando las empresas y los trabajadores son informales, los trabajadores reciben un paquete similar de beneficios de salud y pensiones gratuitamente. El resultado es que el empleo formal es involuntariamente penalizado, mientras que el empleo informal es subsidiado”, señalan los economistas en este artículo.
Para Levy y Rodrik los beneficios que han traído las reformas producto de las ganancias por mayores eficiencias, “han sido compensados por factores —políticas de seguro social e imperfecciones del mercado— que sistemáticamente canalizan demasiados recursos a las empresas informales y crean obstáculos para las empresas formales”. Y más allá del foco que ha impuesto la negociación del TLCAN en estos meses, será relevante que la discusión gire en torno a éstos aspectos estructurales que están deprimiendo el crecimiento económico. Las ventajas del libre comercio, la competencia de mercados, la inversión extranjera y la estabilidad macroeconómica; solo tendrán efectos reales sobre el crecimiento cuando éstos se conjuntan con las transformaciones estructurales que alienten la productividad. Y la política de seguridad social —según los autores— está afectando el comportamiento de las empresas y de los trabajadores. “Dejando de lado las buenas intenciones, el resultado puede ser que el segmento de baja productividad de la economía es subsidiado, mientras que el segmento de alta productividad es gravado”.
Por corrupción, pero sobre todo por inhibir el crecimiento económico el modelo del seguro popular está bajo cuestionamiento.
