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Como lamentable realidad de este país, la politización de la justicia se hace presente en la próxima designación de dos ministros de la Suprema Corte. La experiencia de hace siete meses, cuando el presidente Enrique Peña Nieto mostró su talante autoritario e impuso como ministro —en medio del rechazo ciudadano y con altísimo costo político— al ex procurador Eduardo Medina Mora, ya contaminó las dos nuevas designaciones y, antes de presentarse las ternas del Ejecutivo al Senado, en el ambiente crece la oposición a una nueva designación política.
Tanto en corrillos judiciales como en el Senado se da por hecho que el Presidente propondrá a Raúl Cervantes Andrade, actual senador del PRI con licencia, primo del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos Cervantes, y ex abogado del Grupo Toluca, del empresario mexiquense Roberto Alcántara. La propuesta de Cervantes es vista como una nueva designación política para la Corte y sentaría un precedente inédito en la República: que un miembro de un Poder, en este caso el Legislativo, sea nombrado para formar parte de otro Poder cuando aún no concluye el periodo para el que fue electo.
Y aunque desde Los Pinos prepararon el terreno con la licencia de Cervantes, que desde septiembre de 2014 se dedica “a la academia”, hay una corriente que cuestiona la designación primero porque “partidiza” a la Corte —abogado del PRI en la pasada campaña presidencial—, además del ya citado precedente de brincar de un Poder a otro, pues aún con licencia, Raúl Cervantes sigue siendo senador, bajo el criterio de que los cargos de elección “son irrenunciables”.
Aun así, todo apunta a que, fiel a su estilo de ejercer el poder, Peña Nieto postulará a Cervantes Andrade apoyado en una mayoría PRI-PAN en el Senado, aunque tenga que pagar, una vez más, un alto costo político. Porque esa sería otra consecuencia de nombrar al priísta: que el PAN pediría, a cambio de aprobarlo, designar también ellos a su “ministro de partido”, y tras el reciente descarte de Santiago Creel Miranda, ahora se menciona al ex dirigente nacional del blanquiazul Germán Martínez Cázares, abogado y actual director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Se consumaría así el “toma y daca” entre PRI y PAN en los nombramientos de la Corte.
En el único caso que el presidente desistiría de postular a Cervantes, sería si optara por cubrir la “cuota de género” en la Corte, por la salida de la ministra Olga Sánchez Cordero, que deja al pleno sólo con la ministra Margarita Luna Ramos. En ese caso la postulación recaería en Martha María del Carmen Hernández, actual consejera de la Judicatura Federal y ex colaboradora de Peña Nieto en el Estado de México, quien sí tiene una amplia carrera en el Poder Judicial como jueza y magistrada de Circuito. Otras dos mujeres mencionadas son la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial, María del Carmen Alanis, y Mireille Roccatti, abogada de la Secretaría de Agricultura. Pero a Alanis le cuestionan sus reuniones con Luis Videgaray y otros priístas en 2011; y a Roccatti, aun con su experiencia en derechos humanos, tras presidir la CNDH, su falta de carrera y experiencia judicial.
Finalmente, en espera de las ternas del Ejecutivo, parece claro que al Presidente le interesa una Suprema Corte claramente conservadora, no demasiado liberal ni garantista; que no haga olas políticas y cuyas decisiones sean más institucionales y cercanas al poder. Ese perfil lo definió Peña Nieto desde que propuso en 2013 al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, un ex funcionario del SAT, cercano a Videgaray, y lo continuó con la imposición de Medina Mora. No hay razones para pensar que eso va a cambiar con los dos nuevos ministros.
NOTAS INDISCRETAS… A propósito de la Corte, el fallo con que derogó la reforma electoral de Oaxaca sacudió la sucesión oaxaqueña. Algunos dijeron que con el revés a la residencia de 3 años que proponía esa reforma, los ministros cancelaban las aspiraciones del director del Infonavit, Alejandro Murat. Sin embargo, la Corte no modificó el artículo 23 de la Constitución de Oaxaca, que establece que “son oaxaqueños los nacidos en territorio estatal o los hijos de padres oaxaqueños de nacimiento”, con lo que el hijo del ex gobernador José Murat, tendría derecho y no necesitaría acreditar residencia. El mismo artículo permitió a Gabino Cué ser gobernador, a pesar de haber nacido en el DF, y también a Diódoro Carrasco, que aunque nació en Puebla tenía padres oaxaqueños… Los dados mandan Escalera. Buen tiro...
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