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Semanas de cortesías políticas, de discursos grandilocuentes y búsqueda de pretendidas “coincidencias”, terminaron ayer cuando las visiones del gobierno federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación de los derechos humanos, la seguridad e impunidad en el país, finalmente chocaron y produjeron un inevitable diferendo entre las autoridades federales y el organismo continental que tienen apreciaciones opuestas sobre lo que sucede en México en materia de violaciones a las garantías individuales, tortura, ejecuciones y desaparición forzada, entre otros delitos.
De nada valió que el gobierno mexicano haya invitado a los directivos de la CIDH a visitar el país y constatar por sí mismos los “avances” de su política en materia de derechos humanos, ni tampoco que la administración Peña Nieto haya aceptado y financiado previamente el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa; al final la tensión sobrevino cuando el pleno de la Comisión dijo en su informe preliminar que durante su recorrido de campo constató que la situación en México es de “una grave crisis en materia de Derechos Humanos que se caracteriza por extrema inseguridad y violencia, graves violaciones a los derechos humanos, especialmente a la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, además de alcanzar unos niveles críticos de impunidad”, señaló la presidente del pleno de la CIDH, Rosa María Ortiz.
La respuesta del gobierno mexicano fue un rechazo inmediato a la conclusión de los visitantes del organismo intercontinental, que recorrieron seis estados del país (DF, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Tabasco). El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, negó que el informe preliminar de la CIDH refleje “la situación real del país” y criticó que el análisis de la presidenta del órgano de la ONU se basaba sólo “en entrevistas y encuentros específicos” realizados en sólo cinco estados y el Distrito Federal.
“No compartimos que un informe preliminar realizado en cinco días pueda reflejar la situación real del país… Es importante que todos los ejercicios se lleven a cabo con la seriedad y objetividad que el tema merece”, dijo el funcionario de la administración Peña Nieto, acompañado del embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa, en una dura respuesta gubernamental a la CIDH.
Violencia estructural sin acceso a justicia. Y es que al final, el tema de Ayotzinapa, donde el gobierno de Peña Nieto siempre se mostró abierto y condescendiente al informe del GIEI, terminó por impactar todo el análisis de los directivos de la Comisión Interamericana, que afirmó que la violencia que México padece desde hace décadas “viene de un problema estructural que data desde la masacre del 2 de octubre de 1968” y sus efectos son desproporcionados en los más pobres, migrantes, solicitantes de asilo, infantes, desplazados indígenas y periodistas.
Y aunque se trata apenas de un informe preliminar —el informe final se rendirá en los primeros meses de 2016— la incomodidad que produjo en el gobierno fue evidente en el tono de la respuesta que ayer mismo dio la Secretaría de Gobernación, que consideró que el caso Ayotzinapa es una “situación extraordinaria que no puede compararse con ninguna otra parte del país”, y advirtió que no se permitirá una sustitución de las instituciones mexicanas porque “las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, porque las soluciones que vienen de fuera son salidas fáciles y están destinadas al fracaso”, dijo el subsecretario Campa Cifrián.
Esto en respuesta a la petición de la CIDH que urgió al gobierno a esclarecer la verdad sobre la masacre de los 43 normalistas, a acatar las observaciones del GIEI, a permitir que los expertos interroguen a todos los testigos, incluidos los soldados del 27 Batallón de Infantería y a designar un fiscal especial que se encargue de las investigaciones.
Aunque anoche la tensión era evidente, el gobierno de Peña Nieto dejó abierta la interlocución con la CIDH al señalar que seguirá “abriendo las puertas” y esperará el informe final en el que espera que se procese a plenitud la información facilitada por el Estado mexicano a los visitantes, mientras que los funcionarios de la ONU advirtieron que “con la violencia y el amedrentamiento se busca acallar a las voces que más necesita México”, en alusión a las familias de las víctimas y a defensores de derechos humanos.
La pregunta que se impone, después del choque evidente entre el gobierno y la CIDH es qué va a pasar con las indagatorias de Ayotzinapa y el compromiso que había hecho el gobierno de Peña Nieto para atender las recomendaciones de los expertos internacionales, ¿seguirán trabajando juntos después de que unos acusan una crisis general de derechos humanos y los otros advierten que no permitirán injerencia de instituciones extranjeras en territorio nacional? ¿Permitirá el Ejército que interroguen a sus soldados, algo a lo que hasta ahora se ha negado tajantemente el secretario de la Defensa por considerarlo violatorio de la soberanía? ¿Peña va a dejar que, con los informes de la CIDH, se sienten las bases para un juicio internacional futuro a su gobierno por crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos?
Notas indiscretas… Las aguas políticas se agitaron en Tamaulipas cuando hace una semana, desde Washington, llegó la noticia de que dos congresistas estadounidenses, el demócrata Filemon Vela, y el republicano Michael McCaul, le solicitaron al secretario del Departamento de Estado, John Kerry, y a la fiscal general, Loretta Lynch, solicitar a México “la captura y extradición” de los ex gobernadores tamaulipecos, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores. A través de una carta dirigida al gobierno de Barack Obama, los dos congresistas pidieron que los ex mandatarios mexicanos sean llevados a juicio en Estados Unidos por considerarlos “actores clave en empresas criminales a ambos lados de la frontera”. La petición causó revuelo en la frontera de Texas y en Tamaulipas, donde se prepara una sucesión por la gubernatura, dado que tanto Yarrington como Hernández aparecen acusados e indiciados en procesos judiciales estadounidenses por delitos como lavado de dinero, defraudación y declaraciones falsas en bancos estadounidenses. El problema es que ninguno de los dos ex gobernadores, ni Tomás ni Eugenio, están sujetos a proceso ni a investigación judicial en México y, en el caso de Hernández, la PGR le extendió hace un par de años, a petición suya, una carta en donde constaba que su nombre no aparecía en ninguna indagatoria ni averiguación en curso en la dependencia. Claro que eso fue hace algunos años. Habrá que ver si ahora que el gobierno de Peña Nieto ha modificado y flexibilizado su política de extradiciones y ha comenzado a mandar a Estados Unidos a narcotraficantes y delincuentes mexicanos, tanto sentenciados como a los que aún tienen aquí procesos judiciales abiertos, ¿no estarán pensando en añadir a la lista de capos, sicarios y operadores a alguno que otro narcopolítico con tal de quedar bien y congraciarse con Washington tras la vergonzosa fuga del Chapo Guzmán?... Por cierto si México ya hizo más flexible sus procesos de extradición para adaptarse a las exigencias de Washington, la pregunta es cuándo la Casa Blanca comenzará a corresponder a la “buena voluntad” —sometimiento dirían algunos— de la administración peñista y empezará por mandarnos extraditados a Gastón Azcárraga, el empresario prófugo que quebró a Mexicana, a Martín Díaz, el socio prófugo de Amado Yáñez y a Rafael Olvera el defraudador y dueño de Ficrea, todos delincuentes de cuello blanco que han hecho del territorio estadounidense su refugio seguro para huir de la justicia mexicana. ¿O será que la extradición sólo va a funcionar de aquí para allá y del otro lado del Río Bravo seguirán protegiendo y arropando a delincuentes mexicanos prófugos?... Los cierran con Escalera. Se compuso la semana.
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