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La ruta de una posible alianza para 2018, trazada por los dirigentes nacionales de PAN y PRD, es la respuesta al fenómeno de la tendencia creciente de Morena, que amenaza por un lado la supervivencia del perredismo en las próximas elecciones federales y, por el otro lado, la supremacía del panismo como segunda fuerza política nacional y sus posibilidades de ser la oposición que le arrebate al PRI la Presidencia de la República el próximo año.
No es casual que Ricardo Anaya y Alejandra Barrales hayan elegido este momento, justo a dos semanas de las votaciones en el Estado de México, cuando saben que a ninguno de los dos les alcanzará solos para ganar esa importante gubernatura, para anunciar su proyecto aliancista que busca mitigar el efecto de sus próximas derrotas en esa elección y también de un triunfo que a estas alturas sólo puede ser del PRI o de Morena. Con su asociación, PAN y PRD aceptan implícitamente que el enemigo a vencer, para ambos, es Andrés Manuel López Obrador y su partido que, con su crecimiento, los afecta a los dos, aunque de distinta manera.
Al mismo tiempo, con su conferencia conjunta del sábado pasado, Anaya y Barrales reconocen tácitamente que se equivocaron y que no haber ido juntos en el Edomex fue producto, o de un grave error político de soberbia de ambos o de una muy “eficiente” operación financiera —en la que hubo mucho dinero de por medio— desde el Palacio de Gobierno de Toluca.
Porque los dirigentes del PAN y PRD afirman que su alianza en Nayarit y Veracruz los llevará a triunfos contundentes de sus candidatos, pero reniegan de una posible declinación de sus candidatos Josefina Vázquez Mota y Juan Zepeda en el Estado de México, a pesar de que saben que ninguno de los dos tiene ya posibilidades de ganar. Y si se sumaran sus porcentajes (18 y 14, respectivamente) está claro que juntos hubieran podido derrotar tanto al PRI como a Morena. ¿Por qué razón le cerraron entonces la puerta a una alianza que hubiera sido ganadora en el Edomex?, ¿fueron razones políticas de peso o de pesos?, ¿prefirieron hacerle el juego al PRI y dividir el voto opositor? Y, ¿por qué no en el Edomex y sí en Nayarit y Veracruz y sí para 2018? Dudas que remiten a aquella máxima de que “en política lo que no suena lógico suena metálico”.
Un “frente opositor” para la sucesión presidencial trae más dudas que certezas: ¿Cómo elegirán al candidato que abandere una alianza? Porque si lo hacen por encuestas está claro que sería un panista el que encabezará la coalición, pues no hay ningún perredista, ni siquiera Miguel Ángel Mancera que es el mejor posicionado, que alcance los niveles de conocimiento de panistas como Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle o el propio Ricardo Anaya. Si en el Edomex, el argumento oficial —que no necesariamente el real— fue que no hubo alianza porque “había candidatos que no transitaban”, ahora en la elección presidencial, cuando los intereses son mucho mayores, los aspirantes y corrientes internas de los dos partidos no permitirán tan fácilmente una coalición que tendrá que definirse por el candidato de uno de los dos partidos. Y todo apunta a que esa sería una alianza encabezada por un candidato presidencial panista, con los perredistas sólo como aliados. ¿Se harían a un lado todos los perredistas que aspiran, comenzando por el jefe de Gobierno de la CDMX y siguiendo por los acelerados Graco Ramírez y Silvano Aureoles?
NOTAS INDISCRETAS… La detención de la ex vocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, es apenas el inicio de una investigación a fondo en la que, además de la estrategia del gobernador Miguel Ángel Yunes, va también la “venganza” de muchos medios veracruzanos y hasta algunos de la Ciudad de México a los que el gobierno de Duarte les quedó a deber grandes sumas y facturas por publicidad contratada y nunca pagada. Y lo que se dice en Xalapa es que a Gina, que ya se encuentra en prisión preventiva, acusada de desvíos, abuso de autoridad e incumplimiento del deber legal, podría seguir otro ex vocero duartista, el actual diputado Alberto Silva Ramos, de quien la Fiscalía de Veracruz podría pedir su desafuero en las próximas horas también por desvíos de recursos…La Suprema Corte de Justicia emplazó, en una sentencia del ministro Javier Laynez, a la Asamblea Constiuyente a que conteste en un plazo de 30 días las controversias constitucionales en contra de la Constitución de la CDMX. La Constituyente, que encabeza Alejandro Encinas, solo podrá responder las controversias, pero no las acciones de inconstitucionalidad porque en esas no tienen personalidad jurídica, pues la perdieron al no impugnar otro recurso del ministro Laynez que los desconocía como autoridad responsable en el caso…Ruedan los dados. Serpiente doble. Mal comienza la semana.
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