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El pago de jugosas liquidaciones a funcionarios de la alta burocracia del gobierno federal es una práctica común. Sin importar que renuncien a sus cargos, el Manual para Servidores Públicos de Mando los indemniza como si hubieran sido despedidos y autoriza en su artículo 33, que al funcionario que termina su encargo le paguen una liquidación o finiquito cuyo monto total se compone de 120 días de su salario integrado, más 55 días “por cada año de servicio”, más 310 días correspondientes a la “parte proporcional de los días excedentes”. Todos esos conceptos sólo se aplican a “mandos” y generan una abultada cantidad que recibe el funcionario como una especie de “bono de marcha”.
Con ese criterio, el pasado 24 de agosto, Enrique Ochoa Reza, ex director de la CFE y hoy dirigente nacional del PRI recibió una liquidación total neta de 1 millón 206 mil pesos, por dos años y 155 días que se desempeñó como director de la empresa paraestatal, según consta en documentos de la empresa. Ochoa asumió el cargo de director el 5 de febrero de 2014 y presentó su renuncia el 24 de agosto de 2016, cuando se inscribió como candidato a la dirigencia priísta. Por ese lapso laborado le pagaron, según el desglose de su liquidación: 817 mil pesos por 120 días de salario integrado; 476 mil 671 pesos por 35 días por cada año laborado más 101 mil 190 de la parte proporcional de los días excedentes; pero también le sumaron otros 272 mil 383 pesos por 20 días de cada año que trabajó y otros 57 mil 813 pesos por la parte proporcional de 155 días excedentes. Todo eso sumó un total bruto de liquidación de 1 millón 725 mil 209 que, con el descuento de impuestos por 518 mil 397 pesos, le quedó en el millón 206 mil pesos que cobró por su salida.
Pero Ochoa no es el único director de la CFE que se fue con el bolsillo lleno. Los tres directores anteriores a él también cobraron sus liquidaciones por los mismos conceptos y según el citado Manual, aún cuando todos ellos renunciaron a su cargo. Francisco Rojas, por ejemplo, que dirigió la Comisión por 1 año 66 días, cobró 878 mil 973 pesos exactamente por los mismos conceptos aplicados a Ochoa Reza. Y antes, Jaime González Aguadé, que sólo duró en el cargo 5 meses, del 29 de junio al 1 de diciembre de 2012, cobró al irse 687 mil pesos (unos 138 mil pesos por cada mes trabajado) a pesar de que también renunció, lo mismo ocurrió con Antonio Vivanco Casamadrid, quien por 1 año y 4 meses recibió una liquidación de 957 mil 552 pesos, cuando por renuncia le habría correspondido apenas unos 185 mil pesos.
La misma práctica de la CFE de despedir generosamente a directores y altos mandos se repite en todas las dependencias del gobierno federal. Siempre los funcionarios de la alta burocracia se llevan sus bonos de despedida con cargo a los contribuyentes. Incluso, en dependencias del sector financiero como Nafín, Bancomext o Banobras, a las onerosas liquidaciones se suman también pensiones o jubilaciones que se pagan de por vida a los altos funcionarios por el monto del sueldo que cobraban al momento de renunciar o ser despedidos, pensiones que cobran sin importar que no alcancen la edad de 65 años que la Ley Federal del Trabajo exige a un trabajador común. Así, tenemos a ex burócratas que con 50 años o menos, cobran generosas pensiones que pueden rebasar los 150 mil pesos, según el organismo financiero de que se trate y el monto del sueldo que tenían al “jubilarse”.
Y siempre que se cuestionen sus jugosas liquidaciones o pensiones irregulares, la burocracia dorada repetirá la misma cantaleta: “Es totalmente legal. Me liquidaron o me jubilaron de acuerdo a la norma”. Pero por legales que parezcan sus onerosos cobros, siempre serán inmorales; sobre todo en un país con una deuda pública de 55% del PIB, un presupuesto completamente recortado, una fingida austeridad y donde empleados y trabajadores asalariados apenas reciben liquidaciones de unos cuantos miles de pesos, cuando no se las niegan, y cobran pensiones de miseria de 1,200 pesos al mes. Inmorales por no decir que es una cabronada.
NOTAS INDISCRETAS… La presencia del presidente Peña Nieto ayer en la histórica firma de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC fue meramente testimonial. México estuvo totalmente al margen del proceso de paz que acabó con 50 años de conflicto colombiano. Tan al margen estuvo, que Peña habló desde Bogotá de lo que debió decir aquí: que su gobierno ampliará las investigaciones sobre la muerte de 43 normalistas de Ayotzinapa. Según el presidente “han hecho todo” para esclarecer el caso, cuando más bien parece que han hecho todo para ocultar lo que realmente pasó y a todos los culpables…Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
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