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En su comparecencia en el Senado, el secretario Luis Miranda, titular de Sedesol, afirmó hace unos días, que no es posible desviar los programas sociales. Y afirmó “no soy operador electoral, no vengo a favorecer a un determinado partido en una elección”.
El tema es relevante. Un país con fuertes presiones de presupuesto, con recortes sustanciales en rubros sociales, y con altos niveles de pobreza, no se puede dar el lujo de despilfarrar recursos para comprar votos.
Y sin embargo, la proliferación de programas sociales no ha cesado. El más reciente inventario de Coneval contabiliza 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social de los tres órdenes de gobierno. El número de programas de gobiernos estatales pasó de 2 mil 391 en 2010 a 3 mil 788 en 2012.
Los tres estados con elecciones el año que entra, se encuentran entre los más prolíficos: El Estado de México contabiliza 232 programas estatales, Nayarit tiene 210 y en Coahuila se contabilizan 123.
La proliferación de programas no es positiva. Reduce la efectividad y aumenta la discrecionalidad y las ocurrencias. Aumenta la burocracia y reduce el impacto. Pero sobretodo, la dispersión es la puerta abierta a la opacidad. Y la opacidad es el nido del clientelismo y la corrupción.
La gran mayoría de los programas estatales son programas sin reglas. Según los datos del inventario más reciente de Coneval, sólo 35 programas de los 210 programas estatales de Nayarit contaban con documento normativo. En el Estado de México solo uno de cada cuatro cuenta con documento normativo, 170 de los programas estatales del Edomex carecían de reglas. Y en Coahuila, 90 de 123 también les faltaba normatividad mínima.
Los programas estatales tampoco rinden cuentas. Ninguno de los programas estatales de Coahuila reportaba en la cuenta pública estatal. En Nayarit, sólo el 10% de los programas reportaba en cuenta pública. Y uno de cada tres programas del Estado de México (88 programas) no lo hacía.
El problema es muy serio. No puede haber resultados de la dispersión y menos aún de esta opacidad y falta de institucionalidad básica. Sin reglas y sin rendición de cuentas, no puede haber resultados. Además se abre un amplio espacio al uso político y electoral. Se afecta la democracia.
Así están los programas estatales. El titular de Sedesol puede poner el ejemplo para cerrar la llave al uso discrecional de los programas sociales federales con 3 medidas, en colaboración con la Cámara de Diputados:
1. Información en datos abiertos. México ha presidido a nivel mundial la Alianza por el Gobierno Abierto. Hay que pasar a los hechos y obligar a los programas a informar sus resultados, avances, ejercicio presupuestal, cobertura y toda la información estadística en formato de datos abiertos.
2. Padrón único de beneficiarios. Un registro de población completo, transparente y accesible, como vía obligatoria, única, para la asignación de cualquier apoyo, subsidio o programa social para personas y familias, es el mejor instrumento para evitar el clientelismo y para poder garantizar derechos de quienes viven en mayor carencia. Si se aplica hacia los Estados se terminan los incentivos para inventar programas.
3. Evaluaciones con efecto presupuestal. La Cámara de Diputados debe usar la información de las evaluaciones para asignar recursos. Se deben recortar o al menos evitar ampliaciones, a programas que no dan resultados.
Esto debe hacerse también en las entidades federativas, iniciando por el Edomex, Coahuila y Nayarit que tendrán elecciones en 2017. Estas medidas son urgentes a nivel nacional antes de que inicie el proceso electoral de 2018.
La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha presentado a los Diputados las redacciones a incluir en el Decreto del PEF 2017. Basta incluirlas. Ahora es cuando.
Consultor internacional en programas
sociales. @rghermosillo
