La disputa interna en el gobierno de la capital del país para definir quién concluirá el mandato de Miguel Ángel Mancera cuando el próximo otoño deje al cargo para contender por la Presidencia, rebasó las proporciones de una intriga palaciega y alcanza intereses cada vez más complejos, lo cual despierta creciente inquietud tanto en niveles locales como del ámbito federal.
De acuerdo con diversos testimonios, la pugna abierta por el interinato gubernamental en la Ciudad es alentada por el señor Héctor Serrano, el principal operador político de la administración capitalina, quien en paralelo domina a la mayor facción del PRD local —llamada “Vanguardia Progresista”— y controla órganos presuntamente independientes, como la Asamblea Legislativa, entre otros. Se le atribuye ser adicto al uso del “fuego amigo”, así como conciliador de las crisis que él mismo crea.
Hace tres semanas en este mismo espacio, lo alerté de un inusitado hecho policial, el pasado 11 de marzo en el lujoso barrio de Polanco: la incautación de casi 10 millones de pesos, en efectivo —incluidos dólares y euros—, que eran transportados en un vehículo por los señores Rey Adolfo Terán Estrada y Abelardo Alvarado Alcántara.
Está documentado ya que Terán Estrada fue escolta de Manuel Granados, actual consejero jurídico del gobierno de la Ciudad, cuando se desempeñaba como presidente de la Asamblea Legislativa. Rey Adolfo fue contratado por un cercano colaborador de Granados, el abogado Aarón Josué Ramos Miranda, ex oficial mayor de la propia Asamblea hasta diciembre de 2014, cuando dejó su puesto en medio de un videoescándalo, pero siguió siendo un operador esencial de Granados tanto en la propia Asamblea como en la Consejería Jurídica.
Información recabada por autoridades de diversos ámbitos ha revelado que el vehículo incautado —un Jetta 2013, placas 549YPS, blindado— fue comprado por Granados y Ramos Miranda a la compañía “Diluo”, ligada con la empresa “Eppel”, con sede en Polanco, la cual incluye servicios de blindaje. En esas mismas empresas ambos adquirieron otro Jetta, placas 494YPU, igualmente blindado, que Granados usó regularmente por años.
El multimillonario decomiso, protagonizado por policías de tránsito, se produjo a unas calles de las oficinas del despacho Aliter Abogados, que dirigió Ramos Miranda. Es una entidad con nexos privilegiados con empresas inmobiliarias nacionales e internacionales, muchas de ellas sometidas a cuestionamientos sobre su modo de operar.
Un importante socio de Aliter Abogados es el señor Daniel Zúñiga, quien se empezó a desempeñar como director ejecutivo de Administración de la Consejería Jurídica a la llegada de Manuel Granados. Cuando éste fue candidato a diputado local en 2012, Zúñiga fue registrado brevemente como su suplente. Como una curiosidad, el correo electrónico oficial del señor Zúñiga en la Consejería es dze@cj.df.gob.mx.
Tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en el ámbito federal existe la certeza de que el “hallazgo” del dinero en el Jetta de Polanco fue producto de una operación de inteligencia organizada por el señor Serrano, quien se desempeña en el discreto cargo de secretario de Movilidad, desde donde se le atribuye haber montado un sofisticado aparato de operación política, seguimiento y acorralamiento de actores políticos.
Es de conocimiento extendido que desde la época en que ambos laboraban en la Asamblea, Granados y Ramos Miranda sostuvieron pugnas con Serrano, entonces secretario de Gobierno, quien les exigía subordinación.
Fuentes cercanas a los detenidos —Terán y Alvarado— aseguraron a este espacio que ambos han sido presionados en prisión para que declaren que el dinero pertenece a Manuel Granados. A cambio, les han ofrecido que serían liberados “después de las elecciones”.
Las fuentes consultadas interpretan que el propósito de Serrano sería someter a Granados y a su aliado Ramos Miranda. La estrategia estaría siendo similar con otros dos personajes ampliamente mencionados como prospectos de jefes de Gobierno interino: José Ramón Amieva, secretario de Desarrollo Social, y Julio César Serna, jefe de Gabinete en la Jefatura de Gobierno y amigo desde la adolescencia de Miguel Ángel Mancera.
Las investigaciones por la incautación del referido dinero han corrido a cargo de la Procuraduría capitalina, que encabeza Rodolfo Ríos Garza, la cual abrió la carpeta FMH/MH-5/UI-1C/D/348/04-2017. Según consultas realizadas, en el expediente se acumulan ya documentos que aseguran que el citado Abelardo Alvarado es un empresario que heredó un edificio de departamentos en la Condesa. Él declaró que el dinero incautado es un “préstamo” —en efectivo, parte en moneda extranjera— para remodelar tal edificio. Y que al momento de la detención —oficialmente, a las 20:00 horas—, lo trasladaba a una caja de seguridad ubicada en un banco en la zona de Santa Fe.
Funcionarios del gobierno federal se manifiestan cada vez más inquietos por las implicaciones que puede tener esta pugna de poder en la capital del país. Pero especialmente se dicen extrañados de que el procurador capitalino Ríos Garza no haya puesto a disposición de la PGR, desde el primer momento, a los detenidos con los millones de pesos incautados, ante la evidente posibilidad de que se pueda configurar el delito de lavado de dinero o defraudación fiscal, ambos de carácter federal.
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