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El gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) contó con la información suficiente para imputar a Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), como protagonista de una mafia que integraban políticos y tenía nexos tanto con el Cártel del Golfo como con la primera generación de líderes de Los Zetas, en un intrincado mundo de negocios que incluyó el tráfico de drogas y la especulación inmobiliaria.
De acuerdo con informes consolidados en la administración calderonista, que conocen también autoridades estadounidenses, del núcleo duro criminal que encabezó Yarrington Rubalcava habría partido la instrucción para asesinar, el 28 de junio de 2010, al entonces candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, casi en la víspera de las elecciones estatales.
Por razones que aún no se esclarecen, pero que fuentes de ambos países atribuyen a un pacto de silencio entre Calderón Hinojosa y figuras clave del PRI, las abrumadoras evidencias contra Yarrington fueron ocultadas y los documentos del caso Cantú Torre reservados por 12 años en la Procuraduría General de la República (PGR).
Sólo casi al final de la gestión calderonista —en septiembre de 2012—, cuando en Estados Unidos había iniciado ya la acción judicial contra Yarrington, el gobierno mexicano decidió iniciar una tímida indagatoria contra el ex mandatario estatal, que estuvo prófugo desde entonces y hasta su reciente arresto en Italia.
Durante estos cinco años quedó sembrada la apuesta de si Estados Unidos capturaría a Yarrington y tendría acceso a una información explosiva sobre los nexos de políticos mexicanos con el narcotráfico, o si México encontraría un esquema en donde el daño pudiera ser contenido. Hasta ahora todo indica que el controvertido ex gobernador tamaulipeco será entregado por Italia a la justicia estadounidense en un momento incomodísimo, cuando las elecciones presidenciales en México están a la vista.
Es posible que la tragedia que envolvió el caso Torre Cantú pudiera hacer la diferencia, si el gobierno de nuestro país determina imputar finalmente a Yarrington y argumenta que ofrece un caso más grave que el que presenta en la nación vecina. Y en privado ofrece el compromiso de que aquí se destapará el albañal de la complicidad política-crimen organizado que durante décadas dominó a Tamaulipas.
De acuerdo con fuentes consultadas por este espacio, la DEA cuenta con una radiografía completa de la estructura de poder criminal de Yarrington, incluido el financiero y empresario Fernando Cano, ligado por años a los negocios inmobiliarios de políticos priístas en Tamaulipas y quien operó para Yarrington cuentas bancarias y compras de residencias en Estados Unidos utilizando dinero sucio. Cano fue hundido por su ex esposa, que rindió testimonio ante la justicia estadounidense.
El otro operador clave de Yarrington, a quien la DEA atribuye haber sido el canal con los narcotraficantes, fue Antonio Tony Peña Argüelles, el cual habría pactado con un cártel de las drogas la entrega de una cifra millonaria en dólares para la campaña del candidato priísta a la gubernatura, Torre Cantú, quien de acuerdo con los informes recabados fue ajeno al trato.
Torre Cantú (Ciudad Victoria, 1964), médico de profesión, inició su carrera política a los 25 años de edad como coordinador de campañas sanitarias Banrural. Llegó a ser secretario de Salud estatal y diputado federal bajo el ala protectora de otro gobernador controvertido, Eugenio Hernández (2005-2010), quien en marzo de 2010 logró hacerlo candidato y su muy posible sucesor.
Tres meses después, en la mañana del 28 de junio, el convoy de dos camionetas que trasladaba a Torre Cantú al aeropuerto de Ciudad Victoria fue emboscado por un comando que empleó al menos ocho vehículos e incluyó a 16 sicarios que portaban uniformes similares a los de la Marina y actuaron en forma cronométrica, con tiradores profesionales.
Los vehículos utilizados, que en videos aparecen desplegados en forma estratégica horas antes de los hechos, interceptaron las camionetas del candidato. Según sobrevivientes de los hechos, el candidato pensó que se trataba de un operativo militar de inspección y dijo a sus acompañantes: “Déjenme bajar para que los marinos me reconozcan”.
En sólo tres minutos, cuatro de sus acompañantes yacían muertos en el piso. Torre Cantú fue obligado a arrodillarse al pie de la carretera y ejecutado por la espalda. En lenguaje del crimen, se cobraba así el incumplimiento de un trato.
En noviembre siguiente, el cártel que habría pagado para que se le garantizara protección difundió una carta en la que señaló a los hermanos Antonio y Alfonso Peña de un engaño. El 29 de ese mes, en Nuevo Laredo, el cadáver de Alfonso apareció junto a un mensaje que acusaba a Tony Peña de haberles robado 5 millones de dólares. Este último se entregó a la DEA y es ahora un testigo protegido —entre otros en este caso— que ha aportado documentos y testimonios sobre Yarrington y su estructura criminal.
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