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Cuando en las próximas horas concluya el trámite del recuento de votos en los estados de México y Coahuila, los reclamos no satisfechos empezarán a tocar la puerta del tribunal federal electoral, cuyos siete nuevos y bisoños integrantes han empezado seguramente a padecer insomnio.
Este grupo de hombres y mujeres deberán conjurar dudas en torno a sus capacidades técnicas en materia electoral y la influencia que puedan ejercer sobre ellos sus padrinos políticos. Pero también se enfrentarán a señales confusas, pues en el liderazgo nacional del PRI y en el gobierno federal parece existir una atmósfera en favor de conservar el gobierno mexiquense a costa de lo que sea, pero cierta condescendencia hacia una eventual derrota en Coahuila en beneficio del PAN y en particular, de su dirigente, Ricardo Anaya, un hombre del agrado del régimen.
Nombrados hace apenas ocho meses, los magistrados realmente se estrenarán en el cargo al decidir si avalan el resultado hasta ahora conocido de los comicios por la gubernatura en ambas entidades —que dicta el triunfo de los candidatos del oficialismo—, o establecen sanciones, incluso la anulación de uno o ambos procesos, como se los permite la ley.
Debido a que las impugnaciones contra una elección de gobernador van a dar directamente a la sala superior del tribunal, las mismas estarán pronto sobre las espaldas y la conciencia de los magistrados electorales. Será una dura prueba sobre su rigor jurídico y su resistencia política a las presiones que recibirán, seguramente un tímido anticipo de lo que les vendrá el próximo año.
Es pertinente subrayar que la batalla legal que estará pronto entre nosotros con el tribunal como escenario, se hallará dominada por el llamado “principio de estricto derecho”, lo que supone que los magistrados no podrán resolver nada que no esté demostrado en el expediente.
Expertos consultados expresaron su convicción de que la apuesta de los equipos legales de Delfina Gómez, candidata de Morena en el Estado de México, o de Guillermo Anaya, abanderado panista en Coahuila —ambos colocados en segundo lugar en los conteos— difícilmente dependerá de lo que digan formalmente las urnas, que parecen validar ya la ventaja de los priístas Alfredo del Mazo y de Miguel Ángel Riquelme.
Lo único que podrá prosperar judicialmente es que la oposición demuestre que un volumen significativo de los votos logrados por los presuntos ganadores se derivó de prácticas ilegales. Esa y no otra será la arena de esta contienda legal.
Qué resuelva y cómo lo haga el tribunal en esta crónica más que anunciada, marcará su credibilidad de cara a 2018, cuando serán renovadas la Presidencia, las dos Cámaras del Congreso federal y habrá votaciones locales en 30 entidades, todo en una sola jornada. Se tratará del momento más intenso y por ello riesgoso en la historia moderna de las elecciones en México.
No debe extrañar entonces, que la lupa social y política esté de nuevo sobre estos magistrados, su trayectoria profesional y las influencias que se movieron en partidos y centros de poder para llevarlos a sus cargos y, muy probablemente, intentar ahora cobrarles los favores recibidos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es presidido por Janine Otálora, sobre la que existen cálculos de que será frágil a la presión que ya debe estar resintiendo, pese a que su nombramiento original fue el único avalado por todos los partidos.
En la línea de fragilidad de temperamento, a lo que suman cercanía con el PRI; se inscriben Mónica Alarí Soto y Felipe Fuentes Barrera, forjado este último en el Estado de México y por ello, presumiblemente susceptible a insinuaciones con el sello Atlacomulco.
José Luis Vargas Valdés tuvo una amarga experiencia durante su trabajo en la Fepade, la entidad que persigue delitos electorales, donde se desempeñó entre 2010 y 2012. En el círculo judicial se le atribuye encono con el PAN y con el ex presidente panista Felipe Calderón (2006-2012). Fue impulsado a su cargo por el PRI.
Indalfer Infante Gonzales exhibe su origen en el Poder Judicial federal al que debe su proyección, en particular al ex magistrado electoral Constancio Carrasco. Pese a que fue promovido por el PRD, se estima que se orientará hacia la directriz institucional que marque la Corte.
Felipe de la Mata es reconocido por su rigor técnico, su activismo conservador… y su simpatías por el PAN, partido que lo promovió en el Senado para arribar a su puesto.
Reyes Rodrigo Mondragón se ha ido distanciando de sus compañeros por trabajar en forma obsesiva, oponérseles en los plenos con solidez técnica. Y quizá también porque se le atribuye igualmente cercanía con el PAN.
Con este escenario se cierra un proceso electoral que con enorme anticipación tuvo aroma a 2018.
rockroberto@gmail.com
