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En el año de 1999 este lema de campaña entregó al ex gobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, una cantidad importante de votos.
Resulta paradójico que, pasado el tiempo, el mismo político mexiquense haya sido acusado de violar derechos humanos y también de ser un ladrón.
Maude Versini denunció a su ex marido por violar los derechos de sus tres hijos. Y es que el poderoso político presuntamente manipuló a la justicia mexicana para impedir que la madre pudiera aproximarse a esos niños durante más de cuarenta meses.
Tuvo que intervenir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las cuatro víctimas.
Montiel igualmente fue señalado por enriquecerse de manera ilícita y es que su fortuna personal creció de forma evidente mientras era gobernador.
Sin embargo la Procuraduría de Justicia del Edomex no encontró delito que perseguir. Montiel vive hoy como un hombre inocente.
Después de tan curiosa historia podía suponerse que aquel eslogan demagógico de los derechos humanos y las ratas estaba muerto y enterrado. Y sin embargo en fechas recientes volvió a cobrar fuerza.
Esta semana, Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí tomaron el micrófono para insistir con que la protección de derechos humanos en México sirve sólo para perpetuar la impunidad.
Preguntan cómo es posible que se defiendan los derechos de cuatro secuestradores atrapados en flagrancia en 2009 por el Ejército Mexicano, en Rosarito, Baja California, y todavía peor, que hoy se exija una indemnización a su favor (ver La Razón, 12 de marzo de 2016).
“Ese dinero es para quienes sufren por la delincuencia, no para delincuentes”, afirmó la señora Wallace, cabeza de la organización Alto al Secuestro.
De su lado, Alejandro Martí, presidente de México SOS, señaló la injusticia cometida contra las víctimas, ya que sus plagiarios “van a recibir dinero de los impuestos del mismo secuestrado y de los mexicanos”.
Quiero suponer que Wallace y Martí tienen información incorrecta: según las leyes mexicanas las personas acusadas por ellos son inocentes.
Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya y Ramiro López Vázquez no fueron procesados penalmente por el delito de secuestro ya que el juez a cargo del expediente desestimó las pruebas presentadas en su contra.
La flagrancia fue fabricada, la confesión de los supuestos victimarios fue obtenida bajo tortura y no hubo elementos suplementarios que demostraran la pretendida culpabilidad.
De su lado, las autoridades militares también consideraron como víctimas a los hermanos Ramírez y a los señores Santaolaya y López Vázquez. Con la misma opinión concurriría más tarde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Así las cosas, difaman quienes insisten con que estos cuatro varones cometieron el delito de secuestro. También aquel que acuse de estar lucrando con el caso a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, (CMDPDH), organización no gubernamental que denunció la tortura en contra de las víctimas.
Las instituciones mexicanas prevén el derecho a exigir la reparación del daño a favor de las personas lesionadas por abusos cometidos por el Estado. Dentro de tal reclamo es legítimo exigir el pago de gastos y costes judiciales en los que tanto las personas afectadas como sus abogados hayan incurrido para asegurar una defensa justa.
ZOOM: La protección de los derechos humanos es la columna vertebral de la lucha contra la impunidad. Lo demás es demagogia.
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