El mal juez por su casa empieza. El viernes de la semana pasada EL UNIVERSAL publicó una nota denunciando la violación que los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación (Trife) cometieron al rebasar el tope que su propia norma determina para gasto en adquisición de vehículos.
Siendo que no debían erogar más de 600 mil pesos por unidad, estos jueces se regalaron camionetas cuyo valor supera el millón doscientos mil pesos.
Sin embargo, esta no es la más grave de sus arbitrariedades. Los magistrados del Trife también decidieron violar la Constitución con respecto a su salario. Se autorizaron un ingreso muy superior con respecto al tope que la Carta Magna establece. Durante su mandato cada uno recibirá ingresos ilegales por más de 8 millones 640 mil pesos. En total el fraude conjunto a la hacienda pública de los siete magistrados es por 60 millones 480 mil pesos.
En el año de 2009 el Congreso de la Unión y las legislaturas locales reformaron el artículo 127 de la Constitución para prohibir que ningún funcionario público ganara un salario superior al del Presidente de la República.
Hoy el ingreso de Enrique Peña Nieto no llega a los 200 mil pesos mensuales. Sin embargo, cometiendo una violación flagrante a la Constitución, los nuevos magistrados del Trife mantienen percepciones por 380 mil pesos al mes.
De acuerdo con el texto constitucional se trata de un delito penal. Es intransitable que quienes califican las elecciones en nuestro país sean unos delincuentes. Nadie podrá tomar en serio sus resoluciones cuando éstas se emitan desde la cárcel.
Con tal de ganar 180 mil pesos más por mes (60 millones 480 mil pesos durante los cuatro años que dura el mandato), los magistrados hampones decidieron burlar la Constitución.
Resulta que en el año 2009, cuando fue publicada la reforma conocida como ley de salarios máximos, era imposible disminuir el ingreso de los entonces magistrados del Trife porque la Carta Magna también establece como garantía de protección a su independencia que los sueldos de jueces, magistrados y ministros de la Corte no pueden reducirse mientras ostenten la función.
En aquel entonces presidía el Trife Maricarmen Alanís y ella explicó que era inconstitucional cortar, casi por mitad, el ingreso de los magistrados que estaban en funciones cuando se publicó la reforma al artículo 127 de la Constitución.
En consecuencia un transitorio a ese mismo artículo previó que las retribuciones nominales de los magistrados se mantuvieran intocadas hasta finalizar su encargo. Sin embargo quedó claro que el ajuste se llevaría a cabo contra quienes fueran a ocupar el cargo en la siguiente ronda.
No hay interpretación posible: una vez que los nuevos magistrados entraran en funciones, el Trife había de ajustar a la baja sus respectivos ingresos para ofrecerles un sueldo inferior a los 200 mil pesos mensuales.
Pero estos señores y señoras se pasaron por el Arco del Triunfo la Constitución. Mantuvieron las mismas percepciones que sus antecesores.
Argumentarán que la Constitución prevé salarios para los magistrados del Trife similares a los que perciben los ministros de la Suprema Corte. En esto tienen razón y entonces el asunto se pone aún más grave. No solo la máxima autoridad electoral estaría cometiendo un delito. También los once ministros del tribunal constitucional serían imputables por esta conducta.
En contraste, otras autoridades más responsables ajustaron a la baja sus ingresos, independientemente de lo que establezca el texto constitucional. La Carta Magna dice que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) tendrán percepciones iguales a los ministros de la Corte, y sin embargo, con un sentido de responsabilidad mucho mayor, esa institución redujo los ingresos de los consejeros desde la época de Luis Carlos Ugalde y, recientemente, con Lorenzo Córdova cortaron de nuevo el sueldo asignado en un 10%.
En cambio, los magistrados responsables de revisar las decisiones del INE y también de velar por los derechos políticos de los mexicanos resultaron toda una fichita. Son malos jueces y empezaron fatal.
ZOOM: Los juzgadores tienen baja estima entre la ciudadanía. Se perciben como funcionarios distantes y corruptos. Hay que darle las gracias a estos magistrados hampones por empeorar la reputación del Poder Judicial mexicano.
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