No estaba en Guerrero durante la noche en que desaparecieron los normalistas. Veinte días antes lo enviaron a Michoacán. Tengo en mi poder documentos que lo confirman. El 6 de septiembre de 2014, por vía telefónica, Omar García Harfusch recibió órdenes para trasladarse con el propósito de ayudar a echar a andar la Gendarmería en esa otra entidad.
Dejó como encargado de despacho a José Antonio Cabrera Méndez, su supervisor operativo. El desempeño de la Policía Federal (PF) la madrugada del 26 al 27 de septiembre es responsabilidad de este otro funcionario. García Harfusch no regresó a su oficina en Chilpancingo hasta el 23 de octubre, cuando reasumió funciones como coordinador de la PF.
El lunes pasado escribí en este espacio que era una pésima idea haberlo nombrado director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cuando debía ser investigado por su actuación respecto a los crímenes cometidos en contra de los jóvenes normalistas.
Entonces tuve documentos que me permitieron ubicarlo en Guerrero durante los días clave. Ahora cuento con nueva información que me obliga a reconsiderar. Poseo una serie de oficios dónde se ubica a García Harfusch lejos de la tragedia de Iguala. Él no instruyó a los agentes de la PF que participaron en la detención de los autobuses donde viajaban las víctimas. Tampoco tuvo responsabilidad cuando esa misma autoridad puso en riesgo la vida de varias decenas de personas, tal como relata el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En mi columna del lunes pasado ofrecí dos argumentos para considerar como incorrecto el nuevo nombramiento de García Harfusch. Uno fue, en efecto, la responsabilidad directa al frente de la PF en Guerrero pero el otro, más sensible, es la aparición de su nombre —y su eventual teléfono celular— en una libreta propiedad de Sidronio Casarrubias, el líder de la banda de los Guerreros Unidos.
Esta libreta no le asigna en automático culpa ni responsabilidad a García Harfusch. Sin embargo la autoridad investigadora está obligada a saber cómo y por qué llegaron sus datos a manos de este inculpado tan relevante para el caso Ayotzinapa.
Sigue siendo pertinente advertir que su nuevo cargo dentro de la PGR implica un obstáculo para que esa investigación se desarrolle con la libertad y diligencia que se requieren.
Una razón que llama a la sospecha es que la libreta mencionada no haya sido incluida entre los documentos del expediente Ayotzinapa. Alguien con intrigante tino la dejó fuera. Peor aún, el expediente entero del señor Sidronio Casarrubias fue también divorciado de la investigación sobre los normalistas desaparecidos.
¿Cómo es posible que las pesquisas sobre el líder de la banda criminal que supuestamente atacó a los estudiantes no estén en el expediente judicial del casao Iguala?
Mientras estuvieron en México, los integrantes del GIEI reclamaron esta anomalía. ¿Por qué la investigación sobre Casarrubias no se compartió con ellos que eran coadyuvantes para el esclarecimiento de la tragedia?
La respuesta que dio entonces la PGR es kafkiana: el líder de los Guerreros Unidos fue acusado por crimen organizado y esos temas los trata la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO). En cambio la investigación sobre los normalistas la conduce la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Increíble, dos responsables para una sola investigación y cada uno se reservó con mezquindad la información que consideró de su propiedad.
Por esta razón, explica la autoridad, es que el contenido de la libreta de Casarrubias —incluidos los datos de García Harfusch— son objeto de investigación para la SEIDO pero no para los responsables de averiguar qué pasó con los normalistas.
¿Omisión o dolo? En la versión menos tenebrosa es de no creerse tanta fragmentación. A veces la PGR parece una coladera que no sirve para colar nada.
Si a cada investigación se asignara un solo investigador no se escaparían las verdades, ni las gordas ni las flacas.
ZOOM: Esta vez con matices mantengo mi reclamo. El nombramiento de García Harfusch al frente de la AIC no debe impedir que sean investigadas las razones por las que su nombre y teléfono aparecieron entre las pertenencias del líder de los Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.
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