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El camino para encontrar la verdad comienza por confrontar las causas de la falsedad.
Hoy que se cumplen dos años de la tragedia de Ayotzinapa, la investigación judicial todavía está lejos de la verdad y sin embargo son evidentes las causas y los autores de la falsedad.
La semana pasada el presidente Enrique Peña Nieto dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva que no asume como propios los juicios hechos en contra de Tomás Zerón de Lucio.
Un funcionario que, hasta hace unos días, era director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), y fue el principal responsable de investigar el paradero de los 43 normalistas durante los meses posteriores a su desaparición.
“No puedo ceder a consignas o señalamientos que no dan mayor sustento” —declaró molesto el presidente al periodista.
Es justo en esta frase donde se halla el núcleo atómico de la falsedad.
Enrique Peña sí cuenta con información bien sustentada para saber que la PGR construyó, entre los meses de octubre y noviembre de 2014, una mentira que distrajo y condujo las investigaciones hacia una dirección equivocada.
Aquí los hechos:
El 24 de abril de este año el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) se despidió de México señalando a Tomás Zerón como la persona que manipuló y obstaculizó las investigaciones.
Como argumento principal exhibió una diligencia encabezada por este funcionario en el lecho del río San Juan, el martes 28 de octubre de 2014, la cual fue ocultada en el expediente judicial.
Este hecho podría sugerir la siembra de los restos de Alexander Mora, único normalista desaparecido del que hoy se tiene alguna noticia.
Una vez que el GIEI fue despedido del país con majadería, los padres de las víctimas exigieron a la procuradora Arely Gómez la renuncia del director de la AIC.
En respuesta la funcionaria prometió una investigación objetiva e imparcial sobre el sospechoso proceder de Zerón.
El martes 14 de junio, César Chávez Flores —visitador de la PGR y responsable de auditar las irregularidades procedimentales en esa dependencia— se incorporó a las conversaciones mensuales entre la procuradora y los padres de las víctimas.
Ahí Chávez comunicó que realizaría dos investigaciones: una sobre los hechos ocurridos entre el 25 y el 31 de octubre, relacionados con lo sucedido en el Río San Juan y un estudio técnico-jurídico que abarcaría al conjunto de la investigación a propósito del caso Ayotzinapa.
El visitador concluyó con el primer encargo durante la segunda semana de agosto. Sin embargo Arely Gómez decidió no compartir esta investigación en el encuentro que sostuvo con los padres el jueves 18 de ese mismo mes.
Al parecer quería entregárselo antes al presidente Peña Nieto. Durante la semana del 22 de agosto la procuradora tuvo acuerdo en Los Pinos. Cabe suponer que ahí comunicó las conclusiones del visitador a propósito de la investigación sobre Zerón.
Después se produjo un sospechoso silencio ante el cual los padres reaccionaron, el viernes 2 de septiembre, manifestándose frente a la PGR para exigir el informe prometido.
Arely Gómez no se reunió nunca más con los padres. Tampoco volvió a ver al visitador a solas. Sin embargo, por instrucciones suyas, el miércoles 7 de septiembre se celebró una reunión de trabajo entre Chávez y el cuadro directivo de la PGR, dónde Gómez no estuvo presente.
Fue un encuentro hostil en la que se urgió al visitador para que modificara el documento. Con razonamientos políticos más que jurídicos se querían desechar las conclusiones que confirman la comisión de violaciones a la ley por parte de Zerón y otros funcionarios de la PGR, así como la manipulación de la verdad sobre el destino de los jóvenes desaparecidos.
Dos días más tarde Chávez recibió un último exhorto para que reconsiderara su posición. Le ordenaron explícitamente modificar el informe. Ante la negativa, la procuradora pidió el lunes siguiente que renunciara al cargo.
Cuarenta y ocho horas más tarde Tomás Zerón también dimitió a su puesto en la AIC. No obstante, de inmediato fue promovido como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad, una oficina ubicada junto a la del presidente.
ZOOM: ¿Qué más necesita Enrique Peña Nieto para dar sustento a las acusaciones que pesan en contra de este colaborador tan de sus confianzas? Lo dijo primero el GIEI, luego los padres y ahora el ex-visitador Chávez: Tomás Zerón y otros funcionarios del la PGR cometieron irregularidades durante la diligencia del 28 de octubre de 2014 que derivan en responsabilidades serias de naturaleza administrativa y también penal.
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