Ya es una cultura —mucho más que una costumbre—, que para buena parte de los mexicanos la única ley que vale es la que cada quién entiende, interpreta o inventa. Y para esos mexicanos las leyes escritas —sean la Carta Magna o las leyes que de ella emanan— valen madre; poco o nada importan.
Lo que importa —para esa cultura que violenta y rechaza la ley— es el juicio particular, individual, íntimo, chabacano y único. Es decir, para muchos ciudadanos el único juicio que vale es el juicio mediático, el que dictan las redes sociales —refugio de manadas de idiotas— o el que deciden los humores personales y políticos.
Y ay de aquel que se atreva a disentir del juicio mediático, de las “redes divinas”, del humor del “México bueno”, de las “buenas conciencias” o de lo “políticamente correcto”, porque aquel que disiente es “traidor a la patria”, “escoria”, “lame botas” o “lame bolas” de quién sabe qué perversos intereses; si no es que “pagado por la mafia del poder”.
Ese es el pobre, pedestre y vulgar nivel del debate público en parte de la llamada “opinión pública” mexicana; en las redes e incluso entre sesudos académicos, reputados “abajo firmantes” y delirantes dizque líderes de opinión que llaman a quemar en leña verde a todo aquel que se atreva a pensar distinto.
Las buenas conciencias. Si lo han olvidado, vale recordar el monumental engaño de los supuestos fraudes en 2006 y 2012; la supuesta “guerra de Calderón” contra el crimen —y nadie dice nada del elevado número de muertes en el gobierno de Peña—, el grosero invento contra Cuauhtémoc Gutiérrez, la manipulación vulgar de casos como Iguala y Tlatlaya —verdadera complicidad de opinadores y supuestos especialistas con el crimen organizado—, y en estos días el ofensivo montaje del supuesto ataque a la libertad de expresión, por el crimen múltiple en la Narvarte.
En todos los casos citados, la ley, las instituciones, las investigaciones y el resultado oficial valen madre frente al juicio chabacano e interesado de manos políticas que alentaron la cuna de la desconfianza, el descrédito y la debilidad de las instituciones. Voces y manos a las que poco o nada importan los ciudadanos y sus demandas, pero que se especializan en la siembra de las semillas del odio, la duda, la sospecha, la discordia y la mentira para obtener raja política.
Y cuando esas semillas florecen, miles se han tragado las mentiras, el odio, la duda, la sospecha, la discordia y las mentiras; miles han sido envenenados y vociferan sin saber por lo que gritan. Se llega entonces a esa suerte de “estado de gracia” en donde todo aquel que piense distinto a las babeantes “jaurías divinas” de las redes, es un vendido, traidor y escoria que debe ser aniquilado por pensar distinto, por retar a lo “políticamente correcto”
Muchas de esas “buenas conciencias” ignoran —y tampoco les importa saber— que las manos y las voces detrás de todos esos espectáculos y engaños mediáticos —modernos Torquemada— buscan debilitar a las instituciones, derribar gobiernos y aplastar adversarios. Y la verdadera tragedia es que la libertad de expresión y la democracia son un pretexto al servicio de los enemigos de las libertades y la democracia.
Madrear a Peña, el deporte. El escándalo de la llamada Casa Blanca —y sus reacciones—, es hoy el emblema de los juicios mediáticos y de redes sociales que tienen un objetivo claro y preciso: derribar la imagen, la confianza y la credibilidad del gobierno de Peña Nieto. Y detrás de ese objetivo están los mismos de siempre; los mismos que inventaron las mentiras del fraude electoral de 2006 y 2012; los mismos que inventaron la botarga de “No más sangre”, para derribar a Calderón —y qué bobos, al final le hicieron el trabajo sucio a Peña Nieto—, y los mismos que han convertido en negocio procaz el ataque del crimen organizado en Iguala y en Tlatlaya.
El montaje de la Casa Blanca fue eso, un montaje político que hoy tiene en fuga a Marcelo Ebrard —quien se fue por un fin de semana a París y lleva meses fuera— y desempleada a la mano que meció la cuna desde los micrófonos de MVS.
Se trata, en el fondo, de la guerra política entre grupos del mismo PRI; el PRI de AMLO, el PRI de Marcelo Ebrard, el PRI de Moreno Valle y de otras expresiones de ese PRI que se ha pintado de amarillo y de azul para engañar a los bobos que se creen el cuento de la Casa Blanca; los mismos que se creen el cuento del ataque a la libertad de expresión en la Narvarte y los mismos que medran y se enriquecen con los 43 de Iguala.
Y el objetivo es debilitar, desacreditar, descarrilar y, si es posible, derribar a Peña Nieto. ¿Y para qué derribarlo? Para que en 2018 el más aventajado y más creíble y el tocado de la mano de Dios y de la Morena, sea AMLO; el verdadero peligro para México.
Y, en efecto, se puede cuestionar todo lo que se quiera el desempeño de Peña Nieto; se le pueden endilgar los calificativos que se quiera, pero también es cierto que de acuerdo a las leyes mexicanas, no existió conflicto de interés en la Casa Blanca. Y si alguien tiene un poco de inquietud, puede encontrar un verdadero conflicto de interés en la Casa Roma de Marcelo Ebrard. Pero claro, a Marcelo no lo tocan ni con el pétalo de una crítica en los micrófonos amigos.
El verdadero problema es que las leyes mexicanas vigentes no castigan el conflicto de interés en un caso como el de Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera. Y se puede tratar de un acto inmoral o nada ético, pero el de la Casa Blanca no es ilegal. O si se quiere, es legal. Le guste o no a las jaurías babeantes que no creen, que rabiosas insultan y ofenden.
La prueba de oro. Y pueden decir misa, pero existe un argumento lapidario que demuestra que no existió conflicto de interés. Resulta que la llamada Casa Blanca legalmente no era ni de Peña Nieto ni de Angélica Rivera. Y eso lo dice la ley, a pesar de juicios mediáticos y jaurías babeantes. ¿Lo dudan?
Resulta que la Primera Sala de la Suprema Corte emitió una jurisprudencia en la que establece que la propiedad de un bien inmueble se acredita sí y sólo sí, cuando la escritura pública se inscribió en el Registro Público de la Propiedad. La compra-venta de la Casa Blanca estaba sujeta a un contrato privado con reserva de dominio.
Es decir, legalmente, la propiedad no era de Angélica Rivera y menos de Enrique Peña Nieto. Por tanto, no se configura el conflicto de interés. Y la ley, es la ley, más allá de filias y fobias. Y si no les gusta la ley, hagan campaña para cambiarla. Al tiempo.
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